El cambio en la permisividad de construir a 20 metros y no a cien podría afectar a la ciudad Una enmienda a la nueva Ley de Costas reduce en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, una medida que desde el Ministerio de Medio Ambiente pretende ponerse en marcha para, según fuentes oficiales “resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano, pero cumplían con alguno de los requisitos que se establecen en la enmienda”.
Para entrar en este nuevo saco de regularización, las viviendas deben cumplir uno de estos requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”. Desde Septem Nostra, su presidente, José Manuel Pérez Rivera, ha explicado que “si bien es cierto que en Ceuta no se dan las condiciones más apropiadas por la situación geográfica y la falta de terreno para llevar a cabo grandes proyectos de edificaciones, también lo es que nos preocupa que esta nueva normativa sirva para dar vía de entrada a la puesta en marcha de proyectos que supongan alteraciones en el litoral”. Pérez Rivera recuerda que en la actualidad con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana podría darse el caso de llevarse a cabo alguna operación de este tipo, por lo que estarán “muy vigilantes a cualquier movimiento al respecto”.
La servidumbre de protección pasará de 100 metros a 20 metros, lo que apenas podría ser viable según la asociación ecologista en la bahía sur salvo quizá en la zona de La Almadraba pero sí en la bahía norte donde existen zonas en la ladera del Monte Hacho, por ejemplo, que podrían ser incluidas en estos nuevos condicionantes. En los 80 metros de diferencia que permite ahora el Estado frente a los cien que establecía anteriormente, desde la perspectiva de la Ley de Costas, no habrá prohibición para edificar, aunque aseguran que no se podrá hacer obra nueva, ni aumentar la edificabilidad. Pero sí se podrán recalificar los terrenos.
Los ayuntamientos beneficiarios deberán solicitar estas medidas en el plazo de tres meses desde la aprobación de la norma y el trámite terminará en dos años. Si Medio Ambiente no ha respondido a los 18 meses, se entenderá que su informe es favorable directamente.