La asociación denuncia el limbo conceptual de Conjuntos Históricos y señala un interés por parte de la Ciudad para no revisar su definición
“No sirve de nada elaborar un Plan Especial de Protección si después no se aplica”, manifiesta el presidente de la asociación Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera. El asunto de los Plantes de Protección de los Conjuntos Históricos ha resurgido de entre las cenizas en los últimos meses tras recordar que, precisamente, el conjunto en el que se está desarrollando la obra de la Gran Vía (el recinto de la Ciudad) carece de uno y, por tanto, dicha remodelación va en contra de la ley.
La clave de todo ello radica, tanto en la citada obra como en cualesquiera que se desarrollan en la ciudad, en un limbo conceptual de los Conjuntos Históricos.
El único Conjunto Histórico protegido no se ha visto exento de obras y remodelaciones
Según Pérez Rivera se sobreviene una confusión terminológica por parte de la Ciudad. “En el caso de la Gran Vía ellos entienden por Conjunto Histórico, únicamente, los elementos que se encuentran en el perímetro afectado por las obras, sin embargo no contempla la superficie, que es lo que realmente se entiende con ese término”, arguye. Por lo tanto, dicho Conjunto Histórico abarcaría lo que se conoce como recinto de la ciudad, “desde el Foso de las Murallas hasta el Foso de la Almina”, y que abarca zonas como el Paseo de las Palmeras, la calle Independencia o la Plaza de África.
Asimismo, el presidente de Septem Nostra expresa que, incluso, ateniéndose al concepto que se entiende desde la Ciudad “dicho conjunto se ve igualmente afectado” y, por ende, se remite a la citada ley que determina “la obligación para el municipio o municipios de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada, considerada Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística”. Además, recoge que la obligatoriedad de dicho plan “no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la existencia previa de planeamiento general”.
Afirma Pérez Rivera que no se entendió bien el concepto de Conjunto Histórico por parte de la Ciudad según lo define la Ley 16/85. “Más que un conjunto dotado de coherencia espacial se entiende como el agrupamiento de una serie de bienes individuales que se localizan en un mismo espacio geográfico. Por este y otros motivos, la Consejería de Cultura promovió hace algún tiempo una remodelación de los BIC de Ceuta, de la que nada se dice en el PGOU”, expresa. En este sentido urge a revisar el concepto “porque en pocos años han desaparecido calles por completo”, sin embargo señala que el gran problema radica en “que no les interesa”.
En la actualidad de los tres Conjuntos Históricos declarados en la Ciudad tan solo el de la Almina está dotado de un Plan Especial, “pese a que la Ley obliga a esa protección”. Aún así , se lamenta que ni el único conjunto protegido se ha visto exento de una exposición a obras y remodelaciones paisajísticas. “La ley establece limitaciones en el cambio de rasante o en la altura y volumen que pueden alcanzar los edificios, sin embargo todas estas acciones han sido un constante en la zona durante los últimos años”, manifiesta.
“El nuevo PGOU es más benevolente y restringe menos el nivel de protección”
Además, dilucida que lejos de adoptar medidas que los protejan, las nuevas leyes son más laxas. “El nuevo PGOU es más benevolente y restringe menos el nivel de protección. Hasta ahora están catalogados en nivel 1 y 2, pero la nueva definición les va a permitir hacer lo que deseen”, expresa.
Pese a que los bienes patrimoniales son propiedad del Estado, primer garante de la salud de todos ellos, sostiene que la Ciudad debería “requerir el velar por su bienestar” y, lejos de ello, tanto los conjuntos, los sitios históricos o los BICS, han pasado al olvido tanto para el Gobierno Central como para el de la Ciudad. “El actual estado de conservación de la mayoría muestra el pésimo interés hacia nuestra riqueza patrimonial, que progresivamente se está perdiendo a la vez que se anteponen otros intereses económicos que no titubean en acelerar ese proceso de degradación”.