El Ayuntamiento debe reflexionar y mucho tras la sentencia dictada por la Audiencia por el crimen de Parques de Ceuta. La auténtica dejadez que existió y la flaqueza de los controles sobre funcionarios que llevan arma ha sido evidenciada en una resolución judicial valiente que no ha obviado una hilera de consideraciones que son necesarias. Y lo son para que hechos así no vuelvan a repetirse.
La actuación de la Ciudad Autónoma fue deficiente, demostrando un “nulo control sobre los miembros de la Policía Local”, portadores de armas que pueden ser mal utilizadas en condiciones indebidas.
Eso pasó con este suceso. Un policía local al que se le había retirado en su día la pistola pudo estar trabajando, pudo tenerla en uso y pudo dejar su puesto sin que nadie le impidiera marcharse a su casa y terminar asesinando a su mujer.
La Ciudad ha alertado sobre la inexistencia de controles adecuados, pero también sobre las fórmulas nada aptas para poder controlar la salud física y mental de sus agentes.
Llega a hablar de “desidia” y de cómo se pudo obviar el riesgo que existió. Lo dice la Audiencia en una consideración importante, quizá la más, de toda la sentencia notificada.
Esto no puede volver a suceder. El Gobierno local debe garantizar los controles suficientes para evitar este tipo de exposiciones extremas. La situación que se daba cuando se produjeron los hechos no es la misma de ahora, pero sigue habiendo fisuras y grietas que permiten episodios anormales dentro del Cuerpo, con comportamientos e incidencias que no se pueden permitir. La Ciudad lo sabe, urge por tanto actuar de inmediato para efectuar un blindaje de tal calado que permita poner orden en un área delicada. Lo que sucedió no tiene remedio, pero sí cabe aprender de todo aquello.
