Seis años de incumplimientos en el Tarajal

Las actuaciones dirigidas a la mejora de la circulación de porteadores y la eliminación de aglomeraciones se solapan de una legislatura a otra sin materializarse, según los informes a los que tuvo acceso ‘El Faro’. Las diferencias entre administraciones y comerciantes, principal escollo.

Las administraciones y los empresarios de los polígonos del Tarajal se asomaron al precipicio del desorden más absoluto con las muertes por aplastamiento de las porteadoras marroquíes Bouchra El Meriouti y Zohra Boudaghya el 25 de mayo de 2009. Este accidente mortal puso a prueba el delicado equilibrio en las naves, donde los intereses comerciales rivalizan con el mantenimiento de la seguridad nacional ya que el paso de mercancías están enclavado en el perímetro fronterizo.
Los entonces delegado del Gobierno y jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta, José Fernández Chacón y José Luis Torres, acordaron con los representantes de la Ciudad Autónoma y su presidente, Juan Vivas, así como con los representantes de las asociaciones comerciales, cuyo portavoz era Ramesh Chandiramani, sobre las “medidas operativas” que pondrían en marcha con carácter “inmediato y permanente” en el paso del Biutz en aras de “mejorar la circulación de porteadores y evitar aglomeraciones”.
Este encuentro, previsto con anterioridad al fallecimiento de las dos mujeres, incorporó estas actuaciones a las ya existentes desde la apertura del también conocido como puente de la Cerveza dedicado al ‘comercio atípico’. Sin embargo, que la totalidad de las partes implicadas en el negocio del bulto de mercancías suscribieran los puntos que garantizarían la estabilidad no se tradujo en un cumplimiento sin disensiones.
La tensión entre las autoridades gubernamentales y los comerciantes marcan la trayectoria del Biutz. Cuando las administraciones relegan a un segundo plano alguna promesa sin cumplir, el colectivo de las naves se subleva y, en el momento en el que los empresarios del Tarajal ignoran las precauciones adoptadas por la Ciudad Autónoma o la Delegación, se desempolvan las inspecciones.
Desde aquella fatídica mañana en la que dos personas perecieron al precipitarse junto a otras 200 mujeres por las escaleras que conectan La Chimenea con Alborán, pasaron seis años aproximadamente. Más de un lustro de incumplimientos por parte tanto de las administraciones como de los comerciantes ya que los conflictos de este recinto son heredados por los presidentes de los polígonos; por cada delegado que llega al Gobierno de la Plaza de los Reyes y, dentro de las competencias del Ejecutivo local, es un tema recurrente en la agenda de Presidencia.
La mayoría de las medidas quebrantadas se solapan de una legislatura a la que la precede, tal y como se desprende de los informes a los que ha tenido acceso El Faro que seguirían siendo válidos puesto que los retos son los mismos:  tamaño de los bultos, horario, masificación de porteadores, consignas ilegales, la contratación de la seguridad privada, la dotación policial y el protocolo de actuación unificado por todos los grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que son destinados a este extremo de la frontera sur de la Unión Europea.
La ‘operación bulto’ emprendida entre finales de 2013 y principios de 2014, ya con Francisco Antonio González Pérez al frente de la Delegación del Gobierno, supuso una vuelta de tuerca en la lucha contra el fraude y combatir a los porteadores ‘camuflados’ que intentaban colar mercancías por la frontera del Tarajal cuando el Biutz ya estaba cerrando, los cuales provocaban colapsos en el paso fronterizo con esta picaresca. Al cierre patronal de enero del año pasado le siguieron las negociaciones entre comerciantes y administraciones que parecen arrojar discretos resultados.
La fractura en el seno del colectivo, manifestada en la polarización entre la Comunidad de Propietarios y la Asociación de Comerciantes a propósito de la contratación de la seguridad privada, alimenta el desconcierto que lastra las actuaciones emprendidas por los empresarios de los polígonos del Tarajal.

Fernández Chacón tuvo que fijar el cupo máximo de 1.600 camalos

La muerte de las porteadoras a mediados de 2009 supuso un punto de inflexión en la ordenación de los polígonos, lo cual no significa que no se garantizase hasta entonces, sino que las autoridades tomaron aún mayor conciencia de la volatilidad de un ‘comercio atípico’ que se sostiene sobre cientos de personas con necesidades. En las semanas siguientes a la avalancha que dejó dos cadáveres en un tramo de escaleras, el entonces delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, decretó que en el interior de los polígonos solo podían permanecer 1.600 porteadores como máximo, es decir, estableció un sistema de válvulas por el cual, hasta que el Biutz no desalojara un volumen de personas suficiente, se restringía el acceso por la frontera del Tarajal con el fin de anular las aglomeraciones. Esta planificación, con variaciones introducidas por la nueva administración, sigue vigente hoy día.    

“No ocurre algo más grave porque estamos protegidos por 4 dioses”

El comentario lanzado por el coordinador de los polígonos en pleno trasiego de porteadores por el Biutz deja entrever la amenaza constante que pende sobre los polígonos: “Aquí no ocurre algo más grave porque estamos protegidos por los cuatro dioses”. Estampidas, avalanchas, apuñalamientos, peleas e incluso disparos en los últimos meses alimentan la leyenda de las naves del Tarajal. Los controles emprendidos por la Ciudad Autónoma, con la colaboración de la Delegación del Gobierno, parecen haber suavizado la situación. Los datos hablan por sí solos: la recaudación para combatir el fraude fiscal supera los 100.000 euros o el ‘golpe’ asestado por la Policía Local al tráfico de toneladas de productos fuera de la declaración de IPSI. Éxitos que pueden anteceder a un repunte de actividad en los polígonos a partir de abril.  

Algunas medidas infringidas

El ‘tira y afloja’ que mantienen empresarios y autoridades ha provocado que algunas de las propuestas aprobadas por consenso caigan en saco roto pese a las virtudes de su aplicación.

1 Control del tamaño de los fardos

Es una preocupación omnipresente porque ocasiona avalanchas derivadas de la falta de movilidad al provocar caídas y estrangulamientos. Del propósito de que los policías nacionales impidieran el paso de los bultos de gran tamaño, se pasó al control de las dimensiones por parte de los auxiliares de seguridad y la negativa de la UIP a ejercer esta labor puesto que su cometido es garantizar el orden público. En la actualidad, los fardos exceden con creces los 40x60 centímetros fijados el año pasado por la Delegación del Gobierno, con el consentimiento de un sector de los empresarios, por lo que las escenas dramáticas se repiten.

2 Contratar la seguridad privada

A pesar de los anuncios del despliegue inminente de una empresa de vigilancia, la Administración General del Estado tuvo que esperar de 2006 a 2014 para ver cumplido el compromiso de los comerciantes. Hasta entonces, la UIP costó a las arcas públicas unos 20 millones de euros, según los informes a los que tuvo acceso este periódico. Tras una decena de meses con Seguriber al frente de esta actividad, la Comunidad de Propietarios rompió relaciones con la mercantil que prestaba servicio y se abrió así una etapa de desencuentros con la Delegación del Gobierno que parece estar subsanada.

3 Más policías nacionales de la UIP

 La Jefatura Superior de la Policía Nacional decidió en 2009 ampliar el número de funcionarios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a 46 agentes, lo cual significaría un aumento de 14 efectivos. En la actualidad, los grupos están formados por 50 efectivos, de los cuales siempre causan baja varios y la cifra se sitúa por debajo de lo estipulado, como denunció el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Unificar el protocolo de actuación de los grupos de la UIP, lo cual ahorraría molestias a los comerciantes, según sus declaraciones, es otra de las aspiraciones que nunca llegan a cumplirse.

4 Separación en Marruecos según la documentación

 Tanto en 2009 como en 2014 se acordó solicitar a las autoridades marroquíes la separación de porteadores respecto de los comunitarios, residentes y otros marroquíes transfronterizos que acceden a Ceuta. El establecimiento de filas únicas provoca que las personas se coloquen donde hay menos espera e intenten abrirse camino a la fuerza. De este modo, los transeúntes viven momentos de pánico al mezclarse porteadores, empleadas domésticas, familias cuyos hijos están escolarizados en Ceuta e incluso delincuentes que acuden a la ciudad a delinquir y cometer tropelías.      

5 Acortar el horario de entrada

La reducción de los horarios de entrada respecto a la apertura del Biutz, propuesta aprobada en 2009, implicaría que los porteadores solo podrán acceder a Ceuta a partir de las 7:30 horas y no a las 7:00 como hasta ahora o incluso antes, ya que se cuentan por decenas los que duermen en las calles de la ciudad autónoma o alquilan una plaza en una vivienda patera.

6 Inauguración del nuevo paso ‘Tarajal II’

En diciembre de 2013, la infraestructura que sustituirá al conflictivo puente del Biutz ya estaba lista para su apertura. Los elementos que hubo que implementar dentro de esta conexión para porteadores y mercancías y el respeto a la soberanía marroquí alargaron su fecha de estreno. Más de un año después, este paso dedicado al ‘comercio atípico’ permanece clausurado y sin fecha de inauguración a la vista pese a su importancia. A priori, debería salvar los problemas que sufre el paso del Biutz.