El sector crítico de la FPAV presenta la impugnación de la última asamblea

• Ramos y Moreno llevaron votos delegados que no fueron admitidos por Juan Moreno

Los abogados contratados por el sector crítico de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ya han presentado una impugnación por la celebración de la asamblea que tuvo lugar, convocada por el presidente de la FPAV, Juan Moreno, a mediados del pasado mes de noviembre. Un mes y medio tenían los presidentes de barriada que asistieron a esta reunión para acudir a los tribunales de Justicia y así lo han  hecho.

Recordemos que fue un encuentro que acabó con polémica, puesto que por parte de Juan Moreno y los integrantes de su equipo directivo no se aceptaron los votos delegados que llevaban los máximos responsables de dos asociaciones de vecinos como eran Pepe Ramos y Miguel Ayora. Cada uno de ellos había obtenido la representación de cinco presidentes. Sin embargo, hubo una negativa total e incluso Ramos llegó a abandonar el cónclave, circunstancia que no hizo Ayora.

Una asamblea que tuvo consecuencias, no en vano, con posterioridad dos miembros de la junta directiva de Moreno presentaron su dimisión. Fueron en concreto Francisco García y la de Virgen de la Palma, Mercedes Contreras, por desacuerdo con las actividades desarrolladas por el presidente, a quien acusan de tomar decisiones sin contar para con los integrantes de su equipo. Incluso, alegan que determinadas acusaciones que se le han hecho desde el sector crítico no han sido luego defendidas por Moreno para nada.

Aún se está pendiente también de que Moreno convoque una asamblea para dar explicaciones sobre el tema de las subvenciones a las diferentes asociaciones de vecinos que ha sido otra de las cuestiones que ha enfrentado a los dos grupos enfrentados y que está pendiente de resolución por parte de la Intervención de Fondos de la Ciudad Autónoma.

Igualmente, se espera que para las próximas semanas haya una resolución por parte del Tribunal de Cuentas, después de que un presidente, concretamente, Alejandro Ramírez, preguntara sobre si era legal la utilización por parte de la Federación de más de 4.000 euros mensuales que no eran transferidos a la cuenta de las Brigadas Verdes y que llegaban puntualmente en el envío que realiza la Ciudad Autónoma, de acuerdo con el convenio que tienen firmado.