La delegada del Gobierno de España en Ceuta procedió a señalar a lo largo de su interrogatorio en sede judicial tanto al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, como a la jefa de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo (Isabel Valdecabras, ahora directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y también magistrada en servicios especiales) como sus principales interlocutores.
Así lo ha resaltado este jueves la Red de Inmigración, única acusación particular que, de momento, está admitida en este procedimiento seguido en torno a la devolución de menores marroquíes.
Según la oenegé, la investigada ahondó en la versión de responsabilizar de dichos trámites a su secretario general en la Delegación del Gobierno de España en Ceuta (que acudirá como testigo a instancias de la Fiscalía) y tuvo un intenso debate con la representante del Ministerio Fiscal cuando llegó a indicar, en su interrogatorio, que la Fiscalía conocía y estaba conforme con el proceso.
Esto fue rebatido en el turno de palabra del Ministerio Fiscal que exhibió diferentes documentos y requerimientos de información que jamás fueron contestados por la Delegación, señala la entidad en declaraciones a los medios.
La delegada ha reiterado en su declaración ante la jueza instructora que mantuvo contactos con diferentes ministerios y departamentos del Gobierno central, pero también ha dejado claro que esos interlocutores no dictaron el procedimiento que se siguió para la ejecución de las 55 devoluciones que se realizaron al margen de lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Extranjería.
La delegada, que excusó parte de su falta de información con haber padecido COVID-19 durante parte de las fechas de comisión de los hechos, “llegó a cargar duramente contra las entidades de tutela a las que acusó de ‘llevarse un dineral (sic)’ y que a raíz de ese elemento dinerario se movilizaban contra estos procesos, insinuando, implícitamente que dichos informes y carga probatoria estaba contaminado por ser prestatarios de servicios a la ciudad autónoma, en cuya área de infancia descargó toda su responsabilidad en materia de informes, comprobación de la vulnerabilidad de los menores antes de su deportación y otros elementos”, reseñan.
Los abogados de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado no pudieron intervenir por la negativa de la investigada a contestar a preguntas de la acusación popular.
Indican que “la comparecencia como investigada de la delegada galvaniza el hilo conductor entre el Gobierno central, del que ella forma parte, el Ministerio del Interior y el resto de agentes públicos como impulsores y cooperadores necesarios de este procedimiento que, como la propia investigada llegó a afirmar, contó con su conocimiento en cada fase”.
Por todo ello, la Red se reiterará en su propuesta de pruebas y testificales al tiempo que valorará nuevas pruebas que puedan ser de interés para determinar el nivel de conocimiento y grado de implicación del Gobierno de España en esta causa y sus Ministerios.
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