La nueva secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Isabel Castro, visitará Ceuta esta semana apenas dos meses después de acceder a su cargo para reunirse con representantes de la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma con el fin de abordar “diversos asuntos relacionados con su departamento”, que tiene entre sus funciones la misión de “elaborar y desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración”.
Castro, que estará en la ciudad este lunes y este martes, es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Ingresó en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo en 2008, ejerciendo durante 6 años, y llevando a cabo entre otras funciones las relaciones con la vigilancia y el cumplimiento de la normativa en materia laboral, de Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y extranjería.
Posteriormente, de 2015 a 2019, fue directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral del Gobierno de las Islas Baleares, llevando a cabo funciones de planificación y seguimiento de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrollo de diversas convocatorias de subvenciones, mediación en conflictos laborales y negociación colectiva, puesta en marcha del Instituto Balear de Seguridad Social, entre otras.
A continuación, hasta 2021 ejerció como consejera de Administraciones Públicas y Modernización del Govern de las Islas Baleares, con competencias en materia de función pública, emergencias, modernización de la administración, memoria democrática, transparencia, buen gobierno, participación y voluntariado.
Hasta su nombramiento como secretaria de Estado, el pasado 27 de junio, se encontraba ejerciendo como directora general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad, también del Ejecutivo balear, llevando a cabo fundamentalmente labores de coordinación e impulso de las políticas de las 11 consejerías, las relaciones entre el Gobierno regional y el central en materia de traspasos y de posibles recursos de inconstitucionalidad, así como las relaciones con el Parlamento y los distintos grupos políticos.
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