La secretaria de Estado de Migraciones visita Ceuta esta semana

La nueva secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Isabel Castro, visitará Ceuta esta semana apenas dos meses después de acceder a su cargo para reunirse con representantes de la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma con el fin de abordar “diversos asuntos relacionados con su departamento”, que tiene entre sus funciones la misión de “elaborar y desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración”.

Castro, que estará en la ciudad este lunes y este martes, es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Ingresó en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo en 2008, ejerciendo durante 6 años, y llevando a cabo entre otras funciones las relaciones con la vigilancia y el cumplimiento de la normativa en materia laboral, de Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y extranjería.
Posteriormente, de 2015 a 2019, fue directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral del Gobierno de las Islas Baleares, llevando a cabo funciones de planificación y seguimiento de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrollo de diversas convocatorias de subvenciones, mediación en conflictos laborales y negociación colectiva, puesta en marcha del Instituto Balear de Seguridad Social, entre otras.
A continuación, hasta 2021 ejerció como consejera de Administraciones Públicas y Modernización del Govern de las Islas Baleares, con competencias en materia de función pública, emergencias, modernización de la administración, memoria democrática, transparencia, buen gobierno, participación y voluntariado.
Hasta su nombramiento como secretaria de Estado, el pasado 27 de junio, se encontraba ejerciendo como directora general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad, también del Ejecutivo balear, llevando a cabo fundamentalmente labores de coordinación e impulso de las políticas de las 11 consejerías, las relaciones entre el Gobierno regional y el central en materia de traspasos y de posibles recursos de inconstitucionalidad, así como las relaciones con el Parlamento y los distintos grupos políticos.