Es grave la situación financiera por la que atraviesan las empresas que suministran diferentes productos y alimentos a Global Food Managment, la adjudicataria del catering del CETI.
Con 200.000 euros en facturas impagadas, los problemas no han hecho más que crecer en los últimos meses. Algunas de estas deudas que aún no han sido abonadas se remontan a hace medio año, corresponden al mes de octubre.
Sufren una situación similar los empleados de Global Food Managment en el CETI, con continuos retrasos en el pago de sus nóminas que les están empujando a plantearse la posibilidad de realizar un paro como medida de presión. Sin embargo, antes de que decidir si dan el paso o no, se pueden ver obligados a quedarse de los brazos cruzados. Las empresas proveedoras, ahogadas por la situación financiera provocada por los impagos, se ha visto obligadas a cortar la entrega de suministro. Si no varían esa decisión, el CETI se puede quedar sin alimentos en 48 horas. De ser así, un problema de carácter económico provocado por la empresa adjudicataria del servicio de cátering puede dar lugar a dificultades de una índole más grave. No hay que olvidar que en esas instalaciones están acogidas actualmente más de 700 inmigrantes que reciben tres comidas al día.
Es evidente de que la Administración tomará medidas antes de dejar desamparadas a las personas que residen en el CETI. Es lógico pensar que cuando adopten una decisión, los responsables del Ejecutivo central tendrán en cuenta tanto los derechos de los trabajadores de la empresa adjudicataria como las deudas adquiridas por ésta con las empresas de nuestra ciudad que durante meses ha suministrado distintos productos y alimentos a Global Food Managment. Y es sensato imaginar que lo que está ocurriendo con la adjudicación de este contrato servirá para replantearse algunos aspectos del proceso de licitación o en la obligación de garantías por parte de las empresas que toman parte en estos concursos para evitar que en el futuro estas situaciones vuelvan a repetirse. Y si se producen de nuevo, que los inmigrantes, los trabajadores y las empresas suministradoras no sean los mayores perjudicados.
