Han fallado todos los protocolos en materia de protección a víctimas de
agresiones sexuales. Y esta vez la que lo ha sufrido es una menor de 12 años de edad, citada este jueves en los
juzgados de Ceuta a la misma hora que el señalado como presunto agresor, de 19 años. El resultado, ya pueden imaginarlo. Ambos se han cruzado en el interior del edificio judicial ya que los dos habían sido citados por la
Policía a la misma hora, sin haberse valorado que esto podía suceder. La menor, que iba acompañada de su madre, ha sufrido una crisis de ansiedad. Lo que nunca tendría que ocurrir ha sucedido. Los hechos fueron denunciados en la tarde del martes en las dependencias de la Jefatura Superior, en donde la niña prestó declaración sin que a su madre se le informara ni de la posibilidad de asistencia de un abogado para al menos asesorarla ni tampoco se le facilitara información sobre los recursos que ofrece la
Oficina de Atención a la Víctima ubicada en el Juzgado.
Hoy, 48 horas después de la
denuncia, al acudir a prestar declaración atendiendo la citación entregada en las dependencias policiales, ha tenido lugar el incidente. Denunciante y denunciado (que no estaba en calidad de detenido en ningún momento) se han cruzado en el mismo espacio judicial cuando se supone que debe evitarse en todo momento ese contacto incluso visual, más aún en casos que están siendo objeto de investigación como este y tratándose de una menor de edad.
Coacciones y amenazas por la presencia de familiares en el exterior
La historia no termina aquí. Al bloqueo psicológico que se produce tras toparse con la persona denunciada con quien además mantiene una diferencia de edad clara, se suma la situación de coacciones permitida sin que nadie ponga remedio a las puertas del juzgado. En la misma entrada, antes de acceder al Palacio de Justicia, acostumbran a concentrarse familiares de detenidos o denunciados por lo que presencian la entrada de las propias víctimas o denunciantes en los juzgados. Eso genera un clima de coacción y amenaza psicológica sobre la propia víctima sin que la autoridad judicial responsable emita una orden para que situaciones así no se produzcan ordenándose mantener despejado este acceso. Esa presencia de familiares supone una presión psicológica y temor sobre los denunciantes. Y eso se ha producido hoy, pero se viene repitiendo en muchos más casos sin que se le dé una solución.