Se busca un responsable

El Grupo Socialista, la Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV y BNG se unieron ayer en bloque para coincidir en tres máximas: quieren que se depuren responsabilidades, consideran que la versión oficial hace aguas por demasiadas partes y evitan criminalizar a los agentes de la Guardia Civil a los que consideran unos ‘mandados’. Ya antes de la comparecencia ayer del ministro, el Parlamento catalán había pedido formalmente su dimisión. La oposición presente en la Comisión de Interior cuidó más las formas y espero a que Fernández Díaz hablara para solicitarla.
El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, habló de la “crónica de una muerte anunciada” para referirse a la tragedia ocurrida en la frontera de Marruecos con Ceuta que, consideró, podría haberse controlado de existir un “plan de contingencia”. Trevín fue uno de los adelantados en pedir dimisiones y se centró en varias ocasiones en la figura del director general de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, del que, dijo, no estaba ahí “exclusivamente para rendir honores el día de la patrona”, recriminando la gestión que, de este asunto, ha tenido.
“Su gobierno merece un suspenso en materia de inmigración. Le escucho decir que en ocasiones no se cumple la ley, su delegado en Melilla niega que haya evidencia de expulsiones ilegales, en Ceuta dicen saberlo todo y mandarlo todo y dan incluso tres versiones diferentes en el mismo día sobre un hecho como este. Alguien debe asumir responsabilidades”, dijo.  Emilio Olabarria, del PNV, habló de la existencia de expulsiones de inmigrantes, negando las valoraciones que, al respecto, hizo el ministro, ironizando, incluso, sobre la definición de Estado español que pudiera tener el máximo responsable de Interior si asevera que llegando los inmigrantes al Tarajal no habían entrado en territorio nacional. “Se ha podido cometer una deportación ilegal”, dijo, mentando además otro delito, “la omisión del deber de socorro”. Se ha cometido, dijo, “un acto ilegal y sus autoridades han cometido una actuación ilegal”. Izquierda Plural hizo mella también en este asunto de la división de fronteras y sus límites preguntando al ministro que dónde empezaba España y si “la espalda de un guardia civil”.
Rosa Díez, de UPyD, fue la primera en dejar claro que, al menos su partido, no iba a atacar en momento alguno a la Guardia Civil, al considerar que la responsabilidad había que buscarla en el ámbito político y no en los agentes de esta fuerza de seguridad.
Todas las fuerzas políticas insistieron en mantener que ha habido una cadena de valoraciones erróneas y confusas, que deben tener una consecuencia en forma de depuración de responsabilidades por cuanto se han producido 14 muertes de inmigrantes, con 12 cadáveres ya recuperados.
La versión aportada por el ministro no obtuvo la credibilidad debida por parte de la oposición que, no obstante, reconoció el hecho de que Fernández Díaz hubiera comparecido motu propio en esta Comisión de Interior.

El único apoyo, en el Partido Popular

La única defensa la tuvo el ministro en el PP, cuyo representante definió su intervención como “clara, minuciosa y rápida”, echando en cara el “falso buenismo, el cinismo político y las acusaciones a medias” que habían vertido otras formaciones. El PP valoró la “transparencia” del ministro, recriminando que esa era inexistente en otras formaciones y destacó la gestión que, de los hechos, han tenido las autoridades de Ceuta. “Hay un escaso interés por conocer los hechos y mucho por sembrar dudas”, dijo, lamentando que la oposición no creyera a quien “merece crédito”. Insistió que para “salvar vidas” hay que cumplir la ley y recordó que no hay inmigrantes con lesiones.

El PSOE pide la destitución del delegado y Caballas EQUO del ministro

Tras la comparecencia oficial del ministro, el PSOE pidió ayer de manera formal la destitución del director general de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno al considerar que han faltado a la verdad a la hora de concretar el empleo del material antidisturbio que se hizo en el momento de la avalancha. El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, ha pedido las dos destituciones porque “la versión del ministro contradice la que había ofrecido el director de la Guardia Civil, quien había asegurado que no se había utilizado material antidisturbios contra los inmigrantes cuando estaban en el mar”.
EQUO-Caballas reitera, por su parte, la petición de dimisión del ministro del Interior por “sus continúas mentiras”. Dice la formación que durante esta Comisión ha quedado claro que el ministro del Interior “ha mentido de forma reiterada sobre este asunto, cambiando su versión en varias ocasiones; algo inadmisible en una persona que ocupa esa responsabilidad, sobre todo cuando se trata de un tema tan serio”. 
Además, para EQUO-Caballas “existen dudas más que razonables de que la versión ofrecida en el Congreso sea verdadera en muchos aspectos. Asimismo, y más allá de esta falta de rigor y verdad, los hechos ocurridos son de tal gravedad que su continuidad en el cargo es imposible”.
EQUO-Caballas también ha pedido la destitución inminente del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández, “que no solo ha faltado a la verdad, sino que ha amenazado a quienes intentaban contarla y ha hecho declaraciones a todas luces impresentables”.

Marruecos cifra en 41 los intentos masivos de entrada en Ceuta y Melilla en 2013

El Gobierno marroquí aseguró ayer que en 2013 hubo 41 intentos de asalto a las vallas de Ceuta y Melilla llevados a cabo por inmigrantes en situación irregular, frente a los 30 intentos de 2011, informó el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mustafá Jalfi. En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la que ha informado la agencia Efe, Jalfi explicó que estos intentos han seguido una tendencia creciente en los últimos años, lo que supone “grandes retos” para las autoridades competentes, añadió.
En cuanto al último asalto de unos 400 inmigrantes -de origen subsahariano- a la frontera de Ceuta, Jalfi se mantuvo en la cifra ofrecida por Marruecos de nueve cadáveres encontrados, aunque otros tres han aparecido en el lado español.
Tampoco quiso precisar si continúan las operaciones de rastreo de nuevos cadáveres en las costas marroquíes.
Jalfi subrayó que ante los “deplorables” casos de muertes de inmigrantes la justicia marroquí abre una investigación “de forma espontánea” e hizo hincapié sobre la existencia de “un diálogo y cooperación permanentes” con las autoridades españolas sobre la cuestión de inmigración.
Asimismo, Jalfi volvió a criticar el último informe de Human Rights Watch que calificó de “corriente” la práctica del maltrato y el abuso contra los emigrantes subsaharianos por parte de la policía marroquí, y se documentaban además numerosos casos de robos por parte de los agentes, así como traslados y expulsiones ilegales.