La Consejería de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha abierto un proceso interno para designar provisionalmente a un funcionario o funcionaria que cubra el puesto de interventor accidental, en tanto se realiza el nombramiento definitivo entre personal con habilitación nacional.
Según el anuncio publicado este lunes 21 de julio en el Tablón Digital de Anuncios de la Ciudad, la convocatoria está dirigida exclusivamente a empleados públicos que pertenezcan al Grupo A, Subgrupo A1 y que ocupen alguna de las siguientes plazas:
El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días naturales a contar desde la fecha de publicación. Las personas interesadas deberán formalizar su petición dentro del periodo indicado, en las condiciones establecidas.
La designación se realizará aplicando un baremo basado en dos criterios fundamentales:
Esta cobertura accidental tiene carácter provisional y responde a las necesidades de funcionamiento del área de Intervención hasta que se resuelva el nombramiento por el procedimiento habitual, que implica la participación de funcionarios con habilitación de carácter nacional, conforme a la normativa vigente.
A comienzos de julio, el Tribunal de Cuentas volvió a instar al Gobierno de Ceuta a que pusiera fin a la situación de interinidad en la Intervención General de la Asamblea, solicitando que el puesto fuera ocupado por un funcionario con habilitación nacional, tal y como exige la normativa vigente.
El consejero del órgano fiscalizador y catedrático de la Universidad San Pablo-CEU, Javier Morillas, recordó entonces que no era la primera vez que se lanzaba este requerimiento y que, de hecho, el cargo ha estado cubierto en funciones durante cerca de dos décadas. A su juicio, esta situación debía resolverse con urgencia, dado el carácter técnico y estratégico de la plaza.
Morillas explicó que estas funciones están reservadas por ley a funcionarios de habilitación estatal, y que su cobertura por parte de personal sin dicha condición obedece a “disfunciones en la administración”. En su intervención subrayó la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva, evitando que el puesto siga ejerciéndose de manera provisional.
Ahora, con la publicación de esta nueva convocatoria para interventor accidental, la Ciudad confirma su voluntad de cumplir con los dictados del Tribunal de Cuentas. En el anuncio oficial se detalla expresamente que el nombramiento tendrá carácter transitorio, mientras se procede a la designación conforme a la normativa, es decir, mediante un funcionario con habilitación nacional.
Este movimiento evidencia que el Gobierno local ya ha iniciado los pasos para cumplir con las recomendaciones reiteradas por el Tribunal de Cuentas en sus informes más recientes.
El interventor en una administración autonómica es el responsable de controlar la legalidad y regularidad de la gestión económico-financiera. Su labor principal consiste en fiscalizar los actos que generan gasto público, intervenir en la contabilidad y verificar que los pagos y contratos se ajusten a la normativa vigente.
Además, el interventor elabora informes y auditorías internas, y actúa como garante del cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y legalidad en el uso de los fondos públicos.
Es una figura clave para prevenir irregularidades y asegurar la transparencia en la gestión. En el caso de las comunidades autónomas, este puesto está reservado a funcionarios con habilitación nacional dentro de la subescala de Intervención-Tesorería.
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