La cuestión de la compatibilidad o no del ejercicio mixto para los profesionales de la salud ha sido el tema central de la negociación entre el Sindicato de Enfermería de Ceuta y Melilla (Satse) y los grupos de trabajo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Hasta ahora y por el momento, los enfermeros, enfermeras, matronas y fisioterapeutas no pueden compatibilizar su ejercicio en la sanidad privada y pública, ya que no se les permite renunciar al complemento específico y tampoco reducirlo.
En los grupos de trabajo se ha planteado a Función Pública la reducción de este complemento específico en un 30%.
Por su parte, los sindicatos han solicitado a Ingesa un acuerdo retributivo, por ejemplo, en un complemento de productividad que alcance al menos el 75% de la totalidad del complemento específico, "para paliar
la merma en retribuciones de aquellos compañeros que van a compatibilizar la sanidad pública y la privada".
Opciones que según ha trasladado el Satse "siguen en estudio y no hay nada firmado".
El sindicato también ha adelantado que el próximo miércoles 26 de abril habrá otra reunión de los grupos de trabajo para la creación de las categorías profesionales. Se trata de otro asunto de interés para la agrupación, que ha explicado que aunque el Instituto sólo ha propuesto dos (Enfermería Familiar y Comunitaria y de Salud Mental), los profesionales abogan por la creación de todas las categorías
existentes excepto la Médico Quirúrgica, ya que todavía no está vigente.
Con independencia de las negociaciones el Satse ha aprovechado la ocasión para insistir en la aprobación de la Ley de Seguridad del Paciente.
El sindicato ha subrayado que "garantizar la seguridad asistencial de las personas con problemas de salud en los centros sanitarios, a través de la Ley que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, supondrá en torno a 60 euros por habitante al año". Un coste que considera “insignificante” si se compara "con los beneficios en salud para la sociedad y de ahorro de millones de euros para el sistema sanitario".
“Es una cifra perfectamente asumible y más que justificada por los beneficios que conllevará para la salud y seguridad los más de 47 millones de personas de nuestro país el contar siempre y en cualquier hospital, centro de salud o centro sociosanitario con el número de enfermeras y enfermeros que multitud de
estudios científicos y expertos nacionales e internacionales establecen como el más adecuado y seguro para las personas enfermas”, apuntan desde el sidicato.
En este sentido asegura que “cuando se trata de garantizar y mejorar la atención sanitaria y cuidados, el dinero nunca puede ser la excusa o argumento para sacar adelante o no cualquier iniciativa, porque, tanto el
Gobierno como las administraciones autonómicas, vienen destinando recursos a partidas y ámbitos muchos más cuestionables desde el punto de vista de su interés social”.
Del mismo modo la organización sindical recuerda que ha propuesto distintas actuaciones para mejorar la financiación pública en sanidad, como incluir una nueva casilla en la declaración de la renta para que la persona que así lo estime pueda destinar parte de sus impuestos a la financiación de nuestro sistema
sanitario.
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