El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas de nueve comunidades autónomas, entre las que se encuentra Ceuta, encuentran varios impedimentos cuando necesitan un permiso o adaptar su puesto de trabajo para evitar riesgos.
Estas situaciones también se están dando en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Madrid, así como en Asturias, y, entre otras, las profesionales afectadas encuentran problemas a la hora de ver concedido el permiso por riesgo en su embarazo, siendo "generalizado" el retraso en su concesión, entre otros motivos por las "diferencias de criterio" en cuanto a la semana de concesión o por la valoración del inspector del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua correspondiente, al no existir unos protocolos que fijen unas reglas uniformes.
Según ha explicado la organización sindical, la concesión de este permiso por riesgo en el embarazo suele "demorarse en exceso", con una variabilidad y discrecionalidad significativa según el servicio donde se trabaja, encontrándose también que el trato es diferente según la gerencia o centro sanitario, incluso dentro de la misma comunidad autónoma.
Por otra parte, Satse ha denunciado la "inexistencia generalizada" de puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación.
Ante esta realidad, el sindicato ha exigido en las mesas de negociación que haya una normativa "clara" que acabe con la arbitrariedad existente según el centro de trabajo y la comunidad donde se esté trabajando y que se ofrezca una protección "real y efectiva" a unas profesionales que, por las características intrínsecas de su actividad laboral, se ven expuestas en su estado gestacional, tanto ellas como sus futuros hijos, a diario, a numerosas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad física.
Otro aspecto apuntado por Satse es cómo se gestiona la adaptación del puesto para estas trabajadoras y señala que, tras la comunicación voluntaria de la profesional embarazada, es el servicio de prevención correspondiente el que presenta una evaluación y la recomendación de la adaptación de puesto.
Cuando esta adaptación no es posible, porque no hay puestos disponibles, el trámite del permiso por riesgo durante el embarazo se realiza a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en la mutua, donde se ve alargado el plazo para la concesión del permiso y dejando al criterio del inspector o de dicha entidad la resolución del mismo, lo que puede conllevar una arbitrariedad en su apreciación, variando ampliamente, según el caso, la semana de gestación en la que se concede la baja, añaden desde el sindicato.
Por último, Satse ha criticado que en muchas comunidades autónomas no existen protocolos acordados sobre esta materia, y en las que sí hay estos acuerdos, apuntan que «no se aplican de manera homogénea» en todos los centros sanitarios de sus servicios de salud correspondientes, dependiendo de la Gerencia en cuestión su realización y puesta en marcha.
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