La senadora del PP, Luz Elena Sanín, ha mostrado su satisfacción por la aprobación, por parte de la comisión mixta para la UE, de una resolución, propuesta y defendida por la propia Sanín, en la que se aboga por la unificación de la normativa en la UE en materia de efectos patrimoniales registradas entre miembros de distintos países de la Unión. La propuesta de resolución fue aprobada con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, aspecto que ha destacado Sanín, así como la importancia de ir avanzando en esta unificación normativa para dar respuesta a los cada vez más conflictos que ocasionan las rupturas de parejas entre miembros de distintos países de la UE.
A lo largo de su intervención, la senadora del PP por Ceuta recordó que el fenómeno de las parejas transnacionales en la Unión Europea, y las dificultades prácticas y jurídicas a las que se enfrentan en la administración cotidiana de sus bienes y su liquidación, tras la separación o disolución de su matrimonio, por causa de divorcio o fallecimiento y en el caso de capitulaciones matrimoniales “han de tener una respuesta común en todos los Estados miembros de la Unión Europea”. En este sentido, Luz Elena Sanín explicó que con frecuencia estas dificultades están relacionadas con la “gran disparidad de normas aplicables, tanto en derecho material, como en derecho internacional privado relativo a los efectos patrimoniales del matrimonio”, indicó. “En este asunto nos podemos encontrar ante una situación de conflicto normativo y, por ende, la inseguridad jurídica de no saberse qué normas de uno u otro Estado serían las aplicables”, remarcó.
Así, Luz Elena Sanín también apunta que la cada vez mayor movilidad de los ciudadanos europeos y la proliferación de matrimonios entre nacionales de distintos Estados miembros hace necesario la unificación de las normas en conflicto y “por seguridad jurídica, los ciudadanos han de conocer e invocar la normativa a aplicar”, cualquiera que sea el Estado donde se encuentren y, “por supuesto, comprobar que los diferentes procedimientos relacionados entre sí se sustancien ante los órganos jurisdiccionales de un mismo Estado”.
Tal y como la senadora ceutí citó en la comisión referida anteriormente, esta propuesta de directiva “no vulnera en modo alguno los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; al contrario, refuerza la normativa interna del Estado, respeta el derecho sustantivo y ofrece una mayor seguridad jurídica a sus ciudadanos, con una normativa común”.
