Los técnicos que propusieron la sanción de 1,5 millones de euros para el Ministerio de Defensa por el incendio que tuvo lugar en los primeros días del mes de octubre de 2015 no son favorables a eliminar la sanción, en función de las alegaciones que presentó el segundo jefe de la Comandancia General como firmante del recurso de reposición contra el decreto que en su día rubricó el entonces consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira.
Por cierto, los mismos aún no han redactado la contestación a ese recurso de resposición que deberá servir de base al actual consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos. Aunque tal y como se han pronunciado los mismos ante consultas de distintas formaciones políticas, díficil lo va a tener el Gobierno en estos momentos para que se cumpla el pensamiento que tenía el presidente Vivas que deseaba, por todos los medios, encontrar un resquicio legal que permita eliminar la sanción para no tener más enfrentamientos con el departamento ministerial.
No olvidemos que han pasado tres meses desde que el mismo Ministerio de Defensa presentó el recurso. De todas maneras, se debe tener en cuenta que el departamento ministerial tiene ya abierta la posibilidad de presentar una demanda en el Juzgado de lo Contencioso contra la Ciudad Autónoma, pero parece que esperará a que haya algún tipo de resolución.
Fernando Ramos no se ha pronunciado nunca a este respecto desde que es consejero
A lo largo de estos meses, el consejero Fernando Ramos no se ha pronunciado sobre la citada cuestión y se desconoce cuál es el pensamiento que maneja y que tiempo se ha dado para resolver un expediente que ya está tardando más de la cuenta.
En una información que publicó este medio el pasado viernes ya indicamos que el Ministerio de Defensa no estaba dispuesto a asumir toda la culpa del fuego que calcinó el Monte de la Tortuga hace poco más de dos años y muchísimo menos a pagar 1,5 millones de euros por ello. Considera que la Ciudad carece de competencia para imponerle ninguna sanción por el fuego que arrasó unas 30 hectáreas de García Aldave porque, en todo caso, “el establecimiento, gestión, lugar de desarrollo y ejecución de los ejercicios militares es una cuestión de competencia exclusiva del Estado”.
“La Ciudad Autónoma no puede sujetar los terrenos afectos al uso militar al régimen general y completo de control y sanción establecido en su normativa específica, pues necesariamente incide en el ámbito propio de funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, alega en su recurso de reposición contra la multa de 1,5 millones de euros que en junio le impuso la Consejería de Medio Ambiente, cantidad que a sus ojos “excede con creces a la proporcionalidad de la gravedad de la infracción”. Además, el escrito, firmado por el general jefe de la Base Discontinua, Jesús Arenas, señala que “la totalidad de los terrenos que se afirma fueron afectados por el incendio son de titularidad pública, en concreto del Ministerio de Defensa, y la causa generadora que se aduce es la práctica de un ejercicio en el Campo de Tiro del Renegado, una actividad directamente relacionada con la Defensa Nacional, por lo que la Administración competente para imponer las sanciones que, en su caso, procederían, no es la Ciudad sino la Administración General del Estado”. El recurso cuestiona también que sea la Consejería de Medio Ambiente la competente, en último término, para imponer una sanción en la materia, pues no la considera “tácitamente incluida en la referencia genérica a la ‘protección del medio ambiente y conservación del patrimonio natural”.
Desde que se conoció la sanción de un millón y medio de euros por parte de la Ciudad al Ministerio de Defensa por el incendio en el monte de La Tortuga, lo cierto es que en más de una ocasión el comandante general y el presidente de la Ciudad han hablado sobre esta cuestión. En los primeros momentos, desde luego, no se mostraba muy contento por lo que había sucedido y así se lo transmitió personalmente al presidenter Vivas.
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