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Sánchez vuelve a Marruecos tras 685 días sin “nueva etapa” en Ceuta

La apertura de la aduana, la inobservancia del régimen de viajeros, la aplicación definitiva de Schengen y el recelo con el uso de la presión migratoria cuestionan el efecto local del giro sobre el Sáhara

Casi 700 días después del 7 de abril de 2022, cuando Pedro Sánchez y Mohamed VI anunciaron la apertura de “una nueva etapa” en las relaciones entre ambos países, el presidente del Gobierno de España volverá este miércoles a Marruecos, como ha anunciado por sorpresa con 24 horas de antelación, en plena crisis migratoria sobre Canarias y Ceuta y con varios de los asuntos supuestamente pactados hace cerca de dos años sin concretar.

Entre ellos destaca, en lo que toca más directamente a la ciudad autónoma, la apertura de la aduana comercial en el Tarajal que Sánchez presentó como uno de los grandes éxitos de su volantazo sobre la posición española tradicional en relación con el Sáhara Occidental.

La Moncloa presentó la carta del presidente socialista a Mohamed VI en la que se formalizó el giro sobre la excolonia como la primera piedra de una relación nueva basada, dijo Sánchez en el puerto de Ceuta, en el “respeto mutuo” entre otras cosas, se dio por hecho, a la integridad territorial de los dos países.

En este tiempo Madrid y Rabat se han puesto de acuerdo para organizar con Lisboa el Mundial de fútbol de 2030, pero ni se ha recuperado la aduana de Melilla cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018 ni se abierto la del Tarajal, donde más allá de tres “pruebas piloto” con arena, papel higiénico y lubricantes sigue sin aplicarse ni siquiera el régimen de viajeros que tendría que permitir a cualquier ciudadano del país vecino salir de la ciudad autónoma con el saldo de un día de compras, nada que ver con el porteo de antaño que ninguna de las dos partes quiere recuperar.

La “nueva etapa” iba a incluir “de manera progresiva” la recuperación de la “plena normalidad en la circulación de bienes y mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”, pero al menos de momento no ha servido ni para diluir en un marco de plena lealtad los recelos sobre el uso de la inmigración como herramienta de presión política y diplomática.

Tampoco se ha terminado de oficializar de hecho la supresión de la excepcionalidad del Tratado de Schengen en los pasos de las ciudades autónomas. En el Tarajal el país vecino va apretando cada vez más en ese camino. Su último paso ha sido dejar de aceptar los visados de una sola entrada para documentar a nuevos trabajadores transfronterizos.

Con las cosas tan en pañales nada se ha avanzado que se sepa en la constitución de una “zona de prosperidad compartida”, como auguró hace ahora un año el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, parafraseando la expresión que se utiliza con el Reino Unido para las relaciones que deberían mantener Gibraltar y su entorno al otro lado del Estrecho.

El rey de Marruecos no asistió a la Reunión de Alto Nivel (RAN) de febrero de 2023 tras la que Albares pidió a Vivas al menos ese ejercicio natural para materializar la aduana. Mientras, el Gobierno de España se suponía que avanzaría en el encaje de Ceuta en la Estrategia de Seguridad Nacional y en la implementación de las medidas del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico, pero ambas líneas han resultado de momento una decepción encallada en estudios y análisis.

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