El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejercerá la acusación particular en la causa abierta por la colocación de una lona gigante con su imagen y la palabra “corrupto” frente al Congreso de los Diputados, impulsada por la organización ultraconservadora Hazte Oír, en una acción que ha generado reacciones en toda España, incluida Ceuta.
La jueza María Dolores Baeza, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, ha aceptado la personación del presidente como perjudicado, después de que éste lo solicitara tras la apertura de diligencias por un posible delito de injurias con publicidad.
El caso se remonta al pasado 20 de mayo, cuando el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en funciones de guardia, ordenó la retirada inmediata de la lona, colocada en un edificio en obras frente al Congreso. En la imagen, junto a la cara de Sánchez y la palabra “corrupto”, se incluían referencias a varios casos judiciales y una mención a la página web elcapo.org.
Pese a la retirada de la lona por parte de los Bomberos, el PSOE denunció que la imagen seguía difundiéndose en otros formatos: autobuses, camiones móviles, carteles y redes sociales de Hazte Oír, lo que, a juicio del partido, evidenciaría un “desprecio absoluto” hacia la medida judicial adoptada.
Por ello, los socialistas solicitaron nuevas medidas cautelares, incluyendo la suspensión de la circulación de los vehículos publicitarios y la prohibición de difusión de la imagen en la web y perfiles sociales de la organización.
La jueza Baeza también ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid recopilar el expediente relativo al Certificado de Conformidad y la declaración urbanística de las empresas responsables del montaje de la lona.
Además, ha solicitado información sobre cualquier procedimiento administrativo abierto como consecuencia de la circulación del camión con carteles similares al retirado.
Con la personación de Sánchez como acusación, la causa da un paso más en la investigación de esta campaña publicitaria que, según los denunciantes, pudo haber sobrepasado los límites de la libertad de expresión, incurriendo en delitos contra el honor del presidente del Gobierno.
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