Después de casi una década viviendo en el número 13 de la calle Salud Tejero, un total de seis familias ven que en cuestión de un mes van a tener que abandonar sus casas, después de haberse dictado una orden de desalojo contra ellos. La necesidad le obligó a ir ocupando de manera escalonada este edificio que, en su día era propiedad de Hacienda, pero tras la compra de todo el inmueble por una empresa particular el año pasado, se inició un trámite de desalojo que tiene como fecha límite el próximo 30 de junio. Cuentan como cuando entraron en el edificio todo estaba en ruinas y entre todos lo fueron arreglando para hacerlo habitable. En un principio tenia algunos servicios básicos, pero desde hace unos meses, tras iniciarse el proceso de desalojo, ya no tienen ni agua ni luz. Hay muchas cosas de esta denuncia que los afectados no entienden. Aseguran que la empresa que ha comprado el edificio sabía que estaba ocupado, pese a que la denuncia indica que la usurpación del edificio se dio a partir de 2017, justo después de la venta del inmueble. “Ellos ya sabían que nosotros estábamos de ocupas y con todo y con eso nos han denunciado por usurpación, como si hubiéramos entrado en el 2017”.
No niegan que han entrado a sus casas como ocupas, pero también se defienden relatando que la necesidad les ha obligado a hacerlo y que su situación, ahora, no es mucho mejor que la que tenían cuando empezaron a vivir allí, por lo que se ven abocados a irse a la calle sin tener un lugar alternativo a donde ir. “Hemos ido a Asuntos Sociales pero no nos han dado cita hasta el día 12, pero el problema es que cuando queremos alquilar una casa el dueño no te alquila porque no tenemos una nómina, aquí todos estamos en paro”, detallan. Saben que la situación en la que se encuentran es difícil, pero no pierden la esperanza y han recurrido la sentencia. Creen que el nuevo propietario del edificio no ha actuado de buena fe, ya que ha llevado todo el procedimiento por la vía penal, por lo que además de la orden irrevocable de desalojo, cada familia deberá pagar una multa que asciende a 600 euros por persona. Una de las inquietudes de estas seis familias es que en menos de un mes tendrán que abandonar las que han sido sus casas en lo últimos años, sin tener a dónde acudir y sin que los Servicios Sociales les haya aportado aún alguna solución. No obstante, al no tener trabajo estable ni nómina, temen que nadie les quiera alquilar una vivienda en dónde poder instalarse, de nuevo, con sus familias y conformar su nuevo hogar.