El 17 de septiembre de 2018, el buque remolcador Breath atracaba en
el puerto de Ceuta con una tripulación formada integramente por turcos, un búlgaro y un georgiano. Su ruta final terminaba en Mauritania, pero su pase por nuestra ciudad formaba parte de una estrategia que perseguía un único fin:
cargarse de cocaína. El 5 de octubre de ese mismo año recibió el alijo esperado, más de mil kilos de esta droga repartida en 41 fardos y valorados en más de 40 millones de euros.
Días después todos sus tripulantes eran arrestados, siendo trasladados hasta Canarias con la mercancía.
Los investigadores tuvieron que reconstruir toda la ruta seguida hasta el fin del operativo, su parada en Ceuta, su cambio de rumbo, la desconexión que llevó a cabo de los sistemas que comunican su posición exacta cuando se encontraba en aguas del Caribe.
Esta semana
la Audiencia Nacional ha confirmado la sentencia condenatoria para todos ellos, con penas superiores a los 6 años de prisión y después de un acuerdo entre las defensas de los distintos procesados y la Fiscalía, al quedar prueba fehaciente de su vinculación con el alijo de cocaína, uno de los de mayor coste aprehendidos.
La marcha de los diez procesados del puerto de Ceuta marcó el inicio del desvío de una ruta que nunca siguió la prevista. Su destino era Mauritania, pero el Breath optó por zarpar hacia Trinidad y Tobago, se estaba ya gestando el plan para utilizar esa travesía en un negocio encubierto de tráfico de cocaína. El trasvase de la droga se llevó a cabo en alta mar.
Los avisos recibidos por la DEA (Administración para el Control de Drogas, con sus iniciales en inglés) y la Policía Nacional alertaron de su misión, procediéndose al abordaje y el hallazgo de la mercancía. A las penas de impresión impuestas se suman multas de hasta 418 millones.