Ronda de contactos para unificar criterios en un nuevo reglamento de concesiones portuarias

Antes, cualquier concesión portuaria a la que le fuese mal su actividad tenía la opción de cambiar el uso y después su cesión a un tercero e incluso transmitirla. Así se ha transformado la zona del Puerto y la avenida Juan de Borbón se ha convertido en una de las principales áreas comerciales de la ciudad.

A raíz de unas declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria tras su primer Consejo de Administración en las que, en resumidas cuentas, vino a decir que ‘todo aquel que tenga una concesión y le vaya mal tiene que devolverla’, se ha producido una ronda de contactos en cuyo ánimo está que el futuro reglamento dote de una mayor seguridad por el bien de todas las partes implicadas para que siempre se actúe del mismo modo. De forma que quede constancia por escrito que ese manual no va por el camino de bloquear las concesiones, sino de unificar esa forma de proceder.

Los empresarios son quienes tienen en cuenta la operativa y cómo funcionan las concesiones. Son ellos quienes, cuando las tienen, saben cómo se actualiza el canon cuando se va a acabar, en función de la inversión que el concesionario ha realizado. Algunos incluso han desembolsado millones de euros en construir la nave y adecentarla. Por este motivo, discrepan del argumento que esgrime el presidente del Puerto porque aquello que han construido no es reembolsable ni existe ninguna forma de recuperar su dinero. La única vía de evitar las pérdidas es seguir explotando la concesión.

Ante la situación de crisis que se está pasando y que se vivió con la frontera del Tarajal por la falta de actividad, aquellos sectores que se vieron especialmente afectados por estas circunstancias utilizaron ese cambio y esa cesión de uso a lo cual el Puerto no se oponía. Normalmente, el informe que se emitía era favorable y luego en el Consejo de Administración se votaba. Ante el caso del supermercado Dia y la nave de Molina Genco se decidió paralizar el sistema y revisarlo porque algunas voces apostaron por su regularización ya que sembraba la duda de la especulación con terrenos públicos.

En el caso del Dia y la nave de Molina Genco se decidió paralizar el sistema y revisarlo tras apostar por su regularización

En estos momentos, esta situación se está traduciendo en pérdida de puestos de trabajo –al contrario de lo que ocurriría si Dia ya estuviese operando en esa zona–, en pérdida de porcentaje en concepto de pago de IPSI y de tasas portuarias por los contenedores con una nave cerrada.

Ese fue el detonante por el que la Autoridad Portuaria solicitó un informe a la Abogacía del Estado. La solución hallada por el Puerto es la confección de un reglamento para clarificar este asunto. Pero, en principio, estas concesiones, cambios de uso y transmisiones están contempladas en la Ley de Puertos y no haría falta ningún manual si reúne los informes favorables acordes a la ley, según fuentes consultadas por este periódico.