La Ciudad negó ayer, por boca de su consejera de Fomento, Susana Román, las supuestas irregularidades denunciadas por Caballas en torno a las obras de remodelación de La Marina y que, por extensión, éstas vayan a acumular sobreprecios o retrasos.
Juan Luis Aróstegui y Mohamed Alí, diputados del primer grupo de la oposición, habían acusado al Gobierno local de ocultar un presunto acuerdo extrajudicial con la comunidad de propietarios que interpuso en su día la demanda contra la Ciudad por las filtraciones a los garajes y que, según su criterio, supondría un reconocimiento expreso de que el proyecto inicial no contemplaba la realización de las unidades de obras que obligaba a acometer la sentencia judicial. La formación acusó a Fomento de provocar con ello un incremento de los trabajos “hasta los 4 millones de euros”, incluidos 300.000 euros por las minutas y costas judiciales reclamadas por el abogado de la parte denunciante por la ejecución del acuerdo, y dudó de que la reforma cumpla los plazos.
Román compareció a media tarde para rebatir, uno tras otros, los argumentos de Caballas. Para ello se remontó al momento en el que la sentencia judicial obligó a la Ciudad a solventar las deficiencias del Paseo, tiempos en los que “ni siquiera era consejera”. El anterior titular del área encomendó los trabajos a Obimace, pero la empresa pública concluyó que no tenía capacidad para abordarlos, abriéndose paso así a la licitación pública del proyecto. El paso del tiempo, recordó la consejera, “fue calentando el tema” porque los propietarios desconfiaban de la intención de Fomento de ejecutar en realidad la obra.
Para “despejar dudas” al juez, que llegó incluso a apercibir a Román con sancionarla por los retrasos detectados en la ejecución de la sentencia, la Ciudad llegó con los propietarios a un acuerdo, que redactó en forma del escrito ahora denunciado por Caballas, en el que se detallaba qué parte se acometería por parte de la empresa que resultara adjudicataria del proyecto licitado y cuál afrontaría Obimace, entre ellas “colocación de rejillas o pintura”. Esa “garantía” que aceptó la parte denunciante, subrayó ayer Román, permanece hoy en los mismos términos en los que fue suscrito y no implica, por tanto, retraso alguno en los trabajos ni tampoco sobrecoste en el precio final.
Tampoco acepta la Ciudad la acusación de que Román habría vulnerado la ley al autorizar acuerdos reservados únicamente a la rúbrica del presidente Vivas. “Es que no hay decreto firmado, ni acuerdo del Consejo de Gobierno, no hay ningún acto administrativo”, puntualizó la consejera, quien recordó además a Caballas que si, como anunció ayer sigue adelante en su intención de forzar la anulación del acuerdo, deberá personarse en el juzgado. “Yo no le voy a dar clases de derecho procesal a nadie”, ironizó la consejera.
La última aclaración desmintió que las arcas de la Ciudad vayan a afrontar 300.000 euros en concepto de costas y minutas por la ejecución de la sentencia que obligaba a acometer las obras. Esa cantidad, tachada por Román de “desorbitada”, ha sido ya recurrida para que el Colegio de Abogados emita un dictamen sobre su conveniencia o no y sean el juez del caso, y el secretario, quienes decidan su cuantía final.
Un proyecto “bombardeado” por “interés electoral” y listo en abril
Susana Román recomendó a Caballas que, ante dudas como las suscitadas en su última denuncia, opte en ocasiones sucesivas por acercarse a su oficina, por “preguntar o llamar por teléfono”. Al no hacerlo, la consejera intuye que la formación de Alí y Aróstegui actúa con una “actitud en clave electoral” y “molestos porque se dan cuenta de que la obra se hace, se va a terminar, y va a quedar linda”. Será el resultado de un proyecto motivado por una resolución judicial que condenaba a la Ciudad, pero dará lugar también a un “gran resultado final”, con “materiales y diseño de calidad”, que ha tenido que solventar en su recorrido “tantísimas vicisitudes” y “barbaridades continuas, como oír que no se iba a hacer”, se quejó la titular de Fomento. Román reprocha a Caballas que en los últimos meses haya “intentado bombardear” la reforma y le afeó que “estén temblorosos porque esté terminada el 20 de abril”. “Aunque me cueste la salud, estará”, puntualizó.
