La consejera de Fomento, Susana Román, justificó ayer la decisión de que la adjudicación de la reforma del Paseo de la Marina se haga por subasta en lugar de un concurso público en evitar “fricciones”, pero también para impedir en lo posible que se vuelva a presentar un nuevo recurso que paralice la adjudicación y retrase la ejecución de los trabajos. “Sigo creyendo que lo mejor es el concurso, pero como hemos visto que Caballas lo que intenta es vestir de cuestión jurídica una intención política, que es la de que no hagamos la obra, hemos decidido que se haga por puja, y el que más bajo licite se la lleva”, apunta Román. “Nuestra intención no es sacar punta ni poner a nadie contra la espada y la pared, sino demostrar transparencia, y qué hay más transparente que abrir un sobre en una Mesa de Contratación y delante de cuantos diputados de la oposición quieran estar”.
Román también cargó contra el recurso presentado por Juan Luis Aróstegui ante el Tribunal Administrativo por extemporáneo y no estar legitimado. Argumenta la consejera que el recurso se presentó fuera de plazo, y así figura en la respuesta que se ha redactado por parte de la GIUCE, donde también se alega que el diputado de Caballas no podría firmarlo por una cuestión de forma. Entiende que no puede hacerlo ni como miembro de Caballas, al carecer de personalidad jurídica propia, ni como integrante del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo y tampoco como concejal del Ayuntamiento. “Como no tiene legitimación activa pensamos que el recurso no puede prosperar ante el Tribunal, puesto que existe jurisprudencia”. Pero como quien evita la ocasión, evita el peligro, el Ejecutivo local ha dado una vuelta más a un procedimiento que no obstante defiende.
Y es que la cuestión de fondo no es otra que la baja limitada al 10% para las ofertas que figura en el pliego de condiciones, una baja “que avalan los técnicos, los servicios jurídicos y también la Ley de Contratos del Sector Público”, explica, debido a la complejidad de la obra. “Decidimos acotar que la baja máxima fuera del 10% para evitar a los ‘paracaidistas’”, matiza para precisar que esta denominación se aplica a aquellas empresas que presentan ofertas muy bajas y que pueden poner en peligro el desarrollo de una obra, que en este caso es necesario realizar por sentencia judicial “y era necesario imponer un límite para evitar que lleguen una empresa de estas y tenga dificultades para hacer la obra”.
¿Y cómo evitar empresas ‘paracaidistas’?
El cambio de procedimiento plantea un nuevo interrogante. Y es que uno de los argumentos para que la licitación se decida en subasta y no a través de un concurso es evitar suspicacias entre las empresas licitadoras. En el concurso la baja máxima permitía para las ofertas sobre el presupuesto base de licitación, que es de 5,4 millones, el 10%. Ahora con la puja será la Mesa de Contratación cuando abra los sobres con las propuestas la que determinará las que sean temerarias. “Entre todas las ofertas que se presenten se hará una media y la que sea inferior en determinado porcentaje será desechada”, explicaba la consejera de Fomento para evitar las empresas ‘paracaidistas’. No obstante a la empresa que oferte más bajo, aunque se la considere temeraria dispondrá de un trámite de audiencia para acreditar cómo es posible realizar la obra con una bajada sustancial del presupuesto. “No hay segundas intenciones y no buscamos otra cosa que hacer una obra que es necesaria y que creemos que es buena para todos”, añadió Román.