Román defiende la labor en Menores y pide que las críticas sean constructivas

A Susana Román, responsable política de Menores, se le veía ayer dominante en el campo que le había tocado jugar.

Se traía el discurso aprendido y eso ayudó a  que el primer pleno extraordinario en el que tiene que comparecer una responsable política estuviera exento de polémica, de fallos o de reveses. Marcada por el talante conciliador de Vivas, Román repitió no una sino al menos cinco veces que ella estaba allí para trabajar por el Área y para tender la mano a una oposición a la que tuteó y a la que pidió “críticas constructivas”, teniendo la mano para mejorar.
¿Qué conclusión puede sacarse del examen al que fue sometida Román? Que el Gobierno hace bien las cosas, que la situación es “preocupante” ante lo que llamó “aluvión de inmigrantes” y que se cumple con todos los reglamentos y directrices que se dan en esta materia. Román estaba avalada por los informes preparados para su comparecencia y por la presencia física de varios funcionarios del Área, entre ellos la jefa Toñi Palomo, a la que no se le vio cruzar siquiera un saludo, ni mucho menos un beso de cortesía, con un José Antonio Carracao con ‘efecto Rubalcaba’ en su look.
Román lamentó que “el hecho puntual y aislado” de la intoxicación alimentaria en La Esperanza llevara a la oposición a forzar esta comparecencia y criticó que hayan “utilizado un hecho puntual para atacar al Gobierno” para “confundir a la opinión pública” cuando el Gobierno “ha tratado con transparencia” este asunto.
Como acostumbran a hacer otros consejeros, Román también le cogió gusto a eso de poner a los trabajadores por delante para romper una lanza a favor de todo su trabajo, “su devoción” con los menores, “su profesionalidad y comportamiento admirable”. “Los trabajadores se sienten utilizados”, espetó, reconociendo como buena la gestión que se lleva en el área aunque sin esconder “que hay deficiencias que intentamos arreglar”, como las recordadas por el Defensor del Pueblo en el último de sus informes con el que concluyó que no había situaciones indignas o maltrato a los internos, en este caso de Punta Blanca. “No hace falta poner en la picota un servicio para que actuemos”, espetó. “No estamos orgullosos de La Esperanza”, recordó, y por eso existe un proyecto encima de la mesa para que este centro desaparezca más pronto que tarde y haya un cambio.
Como defensa de la gestión, Román puntualizó la ampliación de la plantilla (de 74 a 145 profesionales) a pesar de la rebaja en las ayudas económicas llegadas desde Madrid. Así de buena ha sido la gestión, a juicio de Román, desde que gobierna el PP que, valoró, han desaparecido situaciones de antaño como los menores con pegamento o términos como ‘mofetas’ para referirse a ellos.
Román mentó al Defensor, al Ministerio Fiscal o al juez de menores como instituciones que con una marcada temporalidad revisan los centros, para defender, con otros nombres como aval, su gestión. Por eso mismo, por la existencia de ese aval, Román calificó de “injusto” que Caballas hablara mal de Punta Blanca y negó las críticas de “improvisación” en materia de menores hechas por el PSOE.
Así las cosas todo un pleno extraordinario, solicitado por la oposición para aclarar detalles de relevancia, sólo sirvió para que el Gobierno detallara todo lo que hace poniendo cifras a los menores. La política del área pasará por obtener el visto bueno favorable del Gobierno central para que el albergue de Hadú pueda emplearse para los MENA de la La Esperanza (que ya son 131) para lo que, se tiene estimado, habría que hacer una remodelación de la instalación actual que está valorada en 240.000 euros. Eso no quita que la Ciudad seguirá adelante con un proyecto de centro para menores que sustituya a La Esperanza para que el uso que se diera al albergue fuera temporal.
En una particular memoria histórica Román dio a conocer que desde 2006 a la actualidad la Ciudad ha atendido a 12.737 menores y hoy por hoy tiene el control sobre La Esperanza, sobre la guardería de San Ildefonso (con 14 acogidos), el centro Mediterráneo (con casi 40 debido a las entradas de subsaharianos) y Punta Blanca (con 25).

“Atender a los MENA es un ejercicio de solidaridad”

Caballas explotó su vena de progresismo social para efectuar una crítica sobre la gestión de menores basada más en conceptos éticos o morales que en fríos datos económicos. Así las cosas, el concejal Juan Luis Aróstegui, que ejerció de portavoz, acusó al Gobierno de considerar esta política como algo estratégico, defendiendo la gestión desarrollada siempre según términos económicos. “Hay que cuidar a los menores por un valor moral, más allá de lo económico, porque merecen nuestra atención y respeto”. Para Aróstegui “atender a los MENA es un ejercicio de solidaridad” por lo que instó al Gobierno a no abordar este asunto poniendo por delante el dinero que se gasta obviando otros valores de carácter moral.
Metidos en el asunto, Aróstegui movió su discurso por terrenos pantanosos porque afectan a la doble moral que impera en buena parte de la sociedad. Citó, calificándolo de “inmoral”, la problemática que supone para la Ciudad que entren menores pero no aquellas personas sin papeles que luego ejercen trabajos de ama de casa, cuidado de los niños o trabajos en cafeterías. “Debemos ser críticos”, espetó. En su línea, el concejal de Caballas acusó a la Ciudad de mantener una política deficitaria en menores porque éstos “no votan”, habiendo permitido que durante los 10 años de gobierno popular se haya mantenido “instalaciones indignas” que no merecen “la consideración ni de instalación”. En el otro plato de la balanza colocó la puesta en marcha, en menos tiempo, de proyectos como la Escuela de Negocios “para que sus amigos estudien y les paguemos el Ipod”.
Aróstegui advirtió que en el próximo pleno de septiembre su grupo va a pedir que se constituya la figura del Defensor del Menor y recomendó a la consejera Román que no se ocultara tras los trabajadores poniéndolos en contra de quienes critican la gestión. “Los que la criticamos parecemos malvados”, ironizó, recomendando al Gobierno que si tanto defiende a los trabajadores, consolide sus puestos de trabajo ya que llevan años de interinos. “Menos cuento”, espetó, para, a posteriori, recordar que como en todos los trabajos, en Menores también hay funcionarios “que son buenos y otros que no lo son, y si uno no cumple hay que intervenir. Decir lo contrario es encubrir a los que hacen algo mal”.
La polémica de Punta Blanca, que ha llevado a CCOO a protagonizar un juicio en el que el propio Aróstegui está denunciado tras denunciar los supuestos malos tratos en el reformatorio, sobrevoló el pleno de ayer después de que Caballas volviera a poner sobre la mesa las decisiones allí tomadas.

La sesión no se emitió en directo

Caballas denunció ayer que la televisión pública optó por emitir un documental en vez del pleno de control del área de menores, de ahí que propondrá en el Consejo de Administración de RTVCE que las sesiones plenarias ordinarias, extraordinarias y las de control sean emitidas en directo íntegramente y que la programación esos días se amolde a las mismas. En un comunicado han lamentado “que los y las ceutíes no hayan podido seguir en directo  a través de RTVCE la sesión plenaria ya que a esa hora estaba ofreciendo un documental sobre fauna marina”. Caballas pone de ejemplo a la 2 para explicar cómo las sesiones del Congreso de los Diputados se emiten íntegramente.

Carracao habla de improvisación en la política seguida con menores

El PSOE basó su intervención en la puesta en escena del típico examen a la consejera Román, en el que entraron preguntas que el partido podría haber averiguado sin necesidad de convocar una comisión, ya que tiene como militante activa y de peso a Toñi Palomo, a su vez jefa del área y una de las voces más expertas en materia del menor. Barriendo para su casa, el diputado José Antonio Carracao puso sobre la mesa la ristra de millones que ha dado el Estado para tratar a MENA: un total de doce millones desde las transferencias. Con una calculadora mental en la mano, valoró que la Ciudad dispone de 120 euros para gastarse en cada niño cada día, por lo que consideró que éstos debían recibir “un trato digno”. Claro está, las cuentas del PSOE no eran las mismas que le salían al PP así que entre la dignidad y el dinero las partes no llegaron a entenderse.
Más que con la política del área, el PSOE fue crítico con la decisión, ahora adoptada, de elegir el albergue de Hadú para acoger a los MENA. Los socialistas se cuestionaron el futuro de las familias necesitadas que iban a ser quienes usaran ese albergue. “¿Dónde está esa justificación?”, cuestionó, acusando a la Ciudad de “desnudar a un santo para vestir a otro” para así solucionar la atención a los MENA pero dejando en el aire los servicios de los que se iban a necesitar las familias que iban a ser acogidas en esta instalación. “Buscan parchear e improvisar, propongo que el albergue se use para lo que es, sin modificarlo ni alterarlo. No improvisen más”, recomendó.
Tras su intervención el diputado socialista convocó a los medios para mostrar su decepción por el resultado de la comisión, acusando a la Ciudad de “intentar justificar” una política sin que “tenga claro qué hacer”. El PSOE se marchó con las mismas dudas con las que entró, es decir, sin saber el número de menores que van a ir al albergue y sin aclarar cómo han calibrado lo que vale el reformado en el centro de Hadú si desconocen los menores que van a ir. “Ha sido improvisado”, lamentó.