La exconsejera del
Gobierno de Ceuta
Susana Román ha instado al titular del
Juzgado de Instrucción número 3, el que lleva las diligencias abiertas por un presunto
delito de falsedad documental contra Kissy Chandiramani, a librar un oficio a Emvicesa con el objetivo de que la empresa municipal aporte al procedimiento “los informes de los expertos técnicos y jurídicos” en los que se apoyó para la elaboración de cuatro documentos que aportó entre octubre de 2016 y marzo de 2017 a la macrocausa que se sigue por la supuesta adjudicación irregular de viviendas protegidas, que llegará a juicio oral en octubre.
La denunciante no solo duda de existan, sino que cree que
Chandiramani dijo cosas mal y obvió otras a sabiendas. Y que así se limitaron daños para el PP, la causa se quedó en Ceuta y medró políticamente.
Según Román, que en 2015 llevó a la Justicia la publicación de una ‘lista fantasma’ de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar y que se sentará en el banquillo de la
Audiencia Provincial como procesada, Chandiramani aportó al sumario documentos que “para nada salvó diciendo ‘salvo mejor opinión’, sino que
condujo a la jueza de Instrucción por un camino que le permitió llegar inexorablemente” hasta ella.
"Asumió la responsabilidad de ofrecer a la jueza quiénes eran los responsables"
Después de que la diputada electa haya recurrido a la Audiencia Provincial su condición de investigada, Román ha aportado varios documentos para negar que con su denuncia de finales de abril buscase una “pena de banquillo” sobre Chandiramani en la campaña de las municipales, pues “ya en enero se estaba fraguando”.
En su escrito Román remarca que “tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo, también es delito de falsedad la omisión de datos fundamentales” como que el entonces senador Guillermo Martínez había formado parte de la Comisión Local de la Vivienda entre 2011 y 2015. “Piénsese que solo la posibilidad de que pudiera habérsele achacado algún tipo de participación en calidad de investigado hubiera implicado además de una noticia de calado nacional, la obligación de remitir la causa al Tribunal Supremo para su investigación al tratarse de una persona aforada”, advierte la exconsejera.
"Ganancia" política
Román también cuestiona que Chandiramani no obtuviese “ganancia alguna con haber mentido”, como le imputa, en el
'caso Emvicesa': “[Se trata] de una señora que tras su anterior pertenencia en el Gobierno de la Ciudad luego no llegó ni tan siquiera a estar en las listas y actualmente ocupa el número 3 del partido en las elecciones que se acaban de celebrar”. “La imputación de Román provocó su dimisión como consejera de Hacienda, siendo sustituida precisamente por la denunciada en dicha cartera cuando hasta ese preciso instante no tenía responsabilidades gobierno”, añade.
El escrito atribuye a Chandiramani una “mala fe” que “no solo se ha visto en la forma en que proporcionó los datos al Juzgado de Instrucción que investigaba la causa de Emvicesa”, sino que se extiende a la actualidad “como hemos podido ver en un primer intento de suspensión de su declaración alegando que no tenía tiempo de preparar su interrogatorio; en un segundo intento al interponer un recurso de apelación contra el Auto de incoación y solicitar la suspensión del proceso hasta su resolución; y en un tercer intento, reiterándolo en su interrogatorio por mediación de la letrada que la asistió en ese instante”.
En relación con su declaración del viernes de la semana pasada, Román incide en que Chandiramani atribuyó “hasta en dos ocasiones” una competencia “exclusiva” de adjudicación de casas a la Comisión Local de la Vivienda a partir de un reglamento “que había sido derogado por la Ordenanza que ella misma acompaña y adjunta a su informe”.
“Lo sabía porque era gerente de Emvicesa, es licenciada en Derecho, fue vocal de la Comisión Local de la Vivienda y lo dijo en su declaración como testigo con obligación de decir verdad de febrero de 2018”, añade.
Román cree que Chandiramani puso “el foco exclusivo de atención en la Comisión Local de la Vivienda y en sus miembros” pese a que “reconoce que dentro de su propio Gobierno existían dudas sobre si la Ordenanza era o no aplicable” y “declara que son los expertos jurídicos los que tienen que solventarla, pero ella no se encomendó a ningún experto jurídico ni recabo informe jurídico alguno para solventar tal cuestión, asumiendo la responsabilidad de ofrecer a la jueza de Instrucción quiénes eran los responsables de que aquello se hubiera hecho en la forma en la que se hizo”.
Para terminar, Román recuerda que Chandiramani declaró el día antes de su detención que en la adjudicación de las 170 VPO no había habido baremación, “dando a entender que era la única forma de adjudicar correctamente” cuando también se contemplan el sorteo y las excepciones para “actuaciones singulares”.