La exconsejera de Fomento del
Gobierno de Ceuta,
Susana Román, ha presentado este miércoles ante el
Juzgado de Instrucción de guardia una denuncia penal contra la consejera de Hacienda del Ejecutivo local, Kissy Chandiramani, en la que le atribuye presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa en su modalidad de fraude procesal por, de acuerdo con su exposición,
“faltar a la verdad” cinco veces en sus informaciones y declaraciones como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda recogidas en la instrucción del
'caso Emvicesa', que desde su punto de vista adolece de “falta de rigor”. Según el escrito de Román (procesada en la causa
cuya vista oral comenzará en octubre) y al que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, su antigua
compañera de partido aportó “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia”. En primer lugar la que fuera miembro del Gobierno de Ceuta denuncia que Chandiramani identificó de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda (CLV) entre 2011 y 2015,
entre los que incluyó a la propia Román, a Rabea Mohamed, a Mohamed Ali, a Antonio López (todos ellos procesados), a Carracao y a María José Cariñanos (secretaria sin voto). Según el escrito registrado este miércoles, hasta finales de abril de 2012 el presidente de dicho órgano fue Guillermo Martínez, tras cuyo cese como consejero de Hacienda se nombró a Román consejera de Fomento, produciéndose su incorporación a la CLV en agosto. “La fecha del nombramiento de Román hace imposible cualquier participación de dicha consejera en la determinación del procedimiento de adjudicación” de viviendas protegidas en Loma Colmenar objeto de investigación.
Los detalles de la denuncia
Además, la denuncia alerta de que Chandiramani supuestamente también informó “faltando a la verdad” sobre que dicha Comisión tenía la potestad “exclusiva” de la adjudicación de viviendas cuando en realidad, según Román, se limitaba a “aprobar” o “dar cuenta” de las que se realizaban en función de si estaban o no ya cerradas. “En el caso de las promociones de 170 y 317 viviendas de Loma Colmenar”, amplía, “al asumir la propuesta elevada ni siquiera se ejercieron plenamente las funciones”, ya que se trató de “una adjudicación singular a resultas de la existencia de un acuerdo marco y una comisión técnica de evaluación que no fueron mencionados en ningún informe de los muchos remitidos por la gerente de Emvicesa”, alerta. Igualmente se considera una “falta a la verdad” que Chandiramani testificase que era “imprescindible efectuar una baremación de solicitudes” cuando existían alternativas reguladas como el sorteo o la excepción en actuaciones singulares para compromisos adquiridos por desalojos, realojos, ruina inminente o desahucios.
Adjudicatarios de las distintas promociones de Loma Colmenar
Según su exposición “se ha comprobado que 42 adjudicatarios de las 170 VPO figuran en las relaciones de posibles durante la directa de las 225”. La exgerente tampoco habría informado de que otros 50 adjudicatarios “constan en documentos de compromisos registrados en Emvicesa que no fueron aportados a pesar de haber requerido la instrucción toda la documentación”. “Al menos 92 adjudicatarios de las 170 figuran en alguna relación previa que refleja compromisos adquiridos antes del 27 de abril de 2012”, advierte con la fecha de su nombramiento como consejera como referencia. Por añadidura, en otros 37 casos “se justifica que son adjudicatarios que cumplían los criterios fijados por la comisión técnica” por tratarse de personas a las que la Ciudad pagaba total o parcialmente el alquiler o prestaciones básicas. Chandiramani también declaró que “no sabía si existían compromisos de promociones anteriores hasta que llegaron interesados a preguntar qué pasaba con ellos”, pero la denuncia de Román remite a informaciones de este periódico de 2010 en las que el PSOE acusaba al entonces subdirector general de la Vivienda de “jugar con las necesidades de algunos ceutíes al firmarles unos compromisos haciéndoles creer que ello les daría unas posibilidades de estar en mejores condiciones de obtener una vivienda cuando la lectura de los mismos acreditaba que era solo una declaración de intenciones”. Para terminar, el escrito asegura que la actual consejera de Hacienda y candidata a las próximas elecciones locales informó “faltando a la verdad” sobre la existencia de adjudicatarios de las 170 VPO que “no estaban registrado” cuando sí lo están, algo que desde su punto de vista apunta también a una “absoluta falta de rigor en la comprobación de datos que venían desde Emvicesa por parte de la instrucción de la causa”.