Rodríguez 'Pam' pide revisar licencias de armas ante la violencia de género

Ángela Rodríguez 'Pam', secretaria de Estado de Igualdad, ha pedido este lunes que se revisen requisitos para renovar la licencia de armas y ha recordado que al menos 6 de las 40 mujeres asesinadas entre enero y agosto de este año han muerto por arma de fuego. El último crimen machista registrado en Ceuta también se perpetró a disparos.

"Creemos que hay que exponer una especial mirada en aquellos casos en los que existen licencias de armas. Creemos que se tiene que hacer una revisión con una perspectiva de género, ya que las estadísticas son preocupantes en nuestro país en este sentido y hemos vuelto a ver en el mes de agosto como se han dado estas circunstancias", ha indicado Rodríguez Pam después de la reunión del comité de crisis contra la violencia de género convocada este lunes.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha desvelado que en lo que va de 2023, de los 42 asesinatos, seis se han cometido con arma de fuego, uno de ellos en agosto. A estos casos, suma el caso confirmado este lunes de la mujer asesinada por su cónyuge cuyos cuerpos fueron encontrados este domingo con heridas de arma de fuego.

A la funcionaria del Juzgado de Ceuta, Mª Ángeles Lozano, la última víctima mortal de la violencia de género en la ciudad autónoma, la mató de un disparo su marido, agente de la Policía Local, realizado a muy pocos centímetros de su cuerpo.

Se da la circunstancia de que los implicados en los últimos tres casos contabilizados en Ceuta fueron o son componentes de las fuerzas de seguridad.

Acompañamiento institucional para las víctimas que acudan a recoger enseres

Además, el Ministerio de Igualdad que dirige en funciones Irene Montero ha propuesto este lunes que se garantice el acompañamiento institucional en el momento en el que una mujer víctima de violencia machista acude a su casa a recoger los enseres después de una ruptura de pareja.

La propuesta del departamento que dirige Irene Montero consiste en "institucionalizar el acompañamiento" a las víctimas en ese momento de especial riesgo y que no sea necesario esperar a la denuncia de la víctima.

Según ha indicado Rosell, algunas comunidades autónomas han acogido favorablemente esta propuesta del ministerio y se han mostrado dispuestas a llevarla a cabo desde las entidades locales.