El actual secretario general de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Ernesto Vilariño, ha declarado este jueves ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de León por supuestas irregularidades denunciadas por ex altos cargos y asociados de la entidad. Jucil, con representación también en Ceuta, vive una auténtica revolución.
Los asociados habían denunciado presiones por parte del máximo responsable de la organización, así como la apertura de expedientes disciplinarios "de forma irregular y sin fundamento estatutario".
Según la denuncia, los demandantes fueron privados de participar en la Asamblea extraordinaria celebrada en Madrid el pasado 10 de marzo, en la que se abordaron cuestiones "de gran calado" sobre el futuro de la asociación.
León, epicentro judicial
La decisión, afirman, se produce "sin haber resuelto los expedientes disciplinarios y sin que existiera causa objetiva recogida en los estatutos de Jucil, vulnerando derechos fundamentales de los asociados".
Esta acción judicial, que tiene como epicentro León, está promovida por la plataforma Regeneremos Jucil, un movimiento nacido dentro de la asociación ante lo que consideran como una preocupante deriva autoritaria del actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
La plataforma agrupa a afiliados que han expresado públicamente su rechazo a la opacidad en la gestión, a las reformas estatutarias restrictivas y a la marginación de voces críticas en el seno de la organización.
Regeneremos Jucil
Regeneremos Jucil ha advertido que la actual dirección "pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de la organización, fundada sobre principios de participación democrática y defensa de los derechos profesionales de los guardias civiles".
A este proceso se suma la denuncia penal interpuesta el pasado 10 de febrero también en León, en la que se acusa al secretario general de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal.
Utilización de fondos
El uso de fondos de la asociación, según esta denuncia, se habría realizado sin el debido control ni justificación, así como numerosas irregularidades en la gestión económica, como el uso de la tarjeta corporativa para cubrir gastos personales, la manipulación de los registros contables para justificar gastos personales, además de la duplicidad u omisión de otros.
Este grupo de miembros de Jucil pretende "recuperar los principios fundacionales" de una asociación que ha alcanzado una posición mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil debido al apoyo de miles de asociados.
Movilizaciones
Así termina uno de los momentos más convulsos que está atravesando Jucil y sobre el que tendrá que posicionarse el juzgado.
La ciudad de León se convierte esta semana en el escenario clave del conflicto que atraviesa la asociación profesional de guardias civiles Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la agrupación con mayor representación en el Consejo de la Guardia Civil.
Regeneremos Jucil ha advertido en repetidas ocasiones que la actual dirección pone en riesgo la credibilidad y legitimidad de la organización, fundada sobre principios de participación democrática y defensa de los derechos profesionales de los guardias civiles. La exclusión de socios, el control interno del poder de decisión y la falta de rendición de cuentas han sido algunas de las denuncias reiteradas por esta corriente interna.
Se avecinan tiempos convulsos para esta asociación que también afecta a la representación que tiene en Ceuta, cuyos socios están a la espera de saber en qué se traduce todo lo que está pasando por si se llevan a cabo movilizaciones o se culmina todo este procedimiento de alguna forma.
Jucil nació en 2018 como una prolongación del movimiento Jusapol surgido a finales de 2017 para reunir tanto a guardias civiles como a policías nacionales. Ahora sufre una de sus grandes crisis que además finaliza en los juzgados.
