Durante los últimos meses, ese acuerdo alcanzado en su día entre Gobierno y oposición para que los concursos se decidieran por el precio más bajo, con lo cual se produciría un ahorro importante para las arcas municipales, ha recibido los parabienes de una y otra parte de la bancada plenaria. Pero el otro día, el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, puso el dedo en la llaga. Denunció que hay empresas que llegan de la Península, y habla de grandes empresas, que realizan bajas temerarias que llegan incluso hasta el cincuenta por ciento del valor de la obra y que se cargan al empresariado ceutí. Incluso, en algunas de sus afirmaciones va más lejos al explicar que luego salen corriendo y dejan a las subcontratas que son de Ceuta, sin cobrar. Se refiere a los funcionarios municipales, a los técnicos, a los que defiende que no se equivocan a la hora de efectuar los cálculos del precio de las obras, sino que son los otros, los que ponen encima de la mesa su oferta los que lo hacen por debajo de los precios del mercado. Desde luego, está bien que con este sistema se ahorre mucho dinero en las arcas municipales, pero si tienen esos “efectos perniciosos” de los que habla el propio Carreira, bien haría el equipo de Gobierno en replantear el sistema de adjudicación de las obras.