El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado actuaciones de oficio con los departamentos competentes de las comunidades autónomas, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para recabar información sobre las demoras que se están produciendo en la valoración de personas con discapacidad.
El número de quejas de los ciudadanos por esta causa se ha triplicado en los últimos cinco años y, según ha podido constatar la institución, los retrasos llegan a ser de hasta tres años en algunas regiones.
El Defensor del Pueblo ha solicitado, por ello, el número de expedientes de reconocimiento o de revisión pendientes de resolver antes y después de la entrada en vigor de la nueva regulación -Real Decreto 888/2022, que establece un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de reconocimiento o revisión de la discapacidad- y los medios materiales y humanos con los que se cuenta para realizar esta labor, así como las posibles medidas de choque implementadas o previstas.
Requerimiento de datos
La institución Defensor del Pueblo quiere también conocer los últimos datos sobre el plazo para la valoración, la resolución de los expedientes, y las medidas de coordinación establecidas, en cada consejería o departamento, con los servicios encargados de la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez.
Los expedientes de oficio ahora iniciados se unen a la actuación, también de oficio, abierta con el Principado de Asturias a finales de 2023.
La medida puesta en marcha por el Defensor se produce en un momento en el que las quejas de los ciudadanos han aumentado de forma ostensible, y lo han hecho en toda España, recogiéndose datos además de Ceuta y Melilla.
La nueva regulación establece un plazo máximo de seis meses para poder resolver las solicitudes, algo que no está siendo respetado, lo que ha llevado a esta intervención de oficio.
