La llegada de menores extranjeros no acompañados a territorios frontera como es el caso de Ceuta o Melilla, además de las islas Canarias, ha provocado problemas de saturación, dando pie a un arrastre de gestos insolidarios inaceptables.
Se consideró que se estaba ante un problema local que debía ser resuelto por los propios territorios, en una postura indecente marcada por la polémica. Durante meses Ceuta se ha visto sola, siendo testigo de presiones constantes de menores sobre sus espigones, habilitando a la carrera recursos hasta el punto de tener que transformar antiguas naves en centros ocasionales.
Bien lo repite el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, sin duda eso no es lo realmente grave, sino que ahí están las tragedias, las muertes y las desapariciones. Eso es lo que no puede ser resuelto jamás.
Ahora, vía decreto, se ha conseguido dar luz verde a una gestión para el reparto de menores que han llegado en estos meses a Canarias y Ceuta, aliviando de esta manera la sobrecarga soportada, lo que permitirá a su vez que los ayuntamientos estén más aliviados.
El Consejo de Ministros amparó esa medida que tendrá que ser acatada por los distintos territorios. Resulta hiriente que se imponga lo que debería haber sido admitido sin más debate que la aplicación de la solidaridad entre territorios, pero no ha sido así.
Ceuta apoya esta medida manteniendo un discurso invariable, sin mover un ápice la letra del texto que siempre defendió en relación a la acogida de los menores y a la forma en que debía hacerse, siempre desde una perspectiva estructural y teniendo en cuenta que se está ante un asunto de todos, no solo de los territorios que comparten fronteras marítimas o terrestres con ese drama.
La situación es insostenible, porque superar las previsiones establecidas y los recursos existentes lleva a que surjan conflictos, a que no se pueda controlar ni tratar adecuadamente a esos menores.
El Gobierno de la Ciudad ha defendido, y sigue defendiendo, la modificación del artículo 35 de la vigente Ley de Extranjería, al objeto de establecer ese mecanismo ágil para evitar las situaciones de colapso del sistema de acogida que puedan producirse y que de hecho ha llevado a situaciones límite a nuestra ciudad.
La única alternativa es la regulación del traslado de menores entre comunidades cuando en alguna o algunas se produzca una saturación del sistema de acogida, según criterios de reparto objetivos y contando con la correspondiente financiación de la Administración General del Estado.
Se habla de solución estructural, pero también de algo tan básico como la justicia, la defensa del equilibrio y la solidaridad en el marco de una política de Estado consecuente con los principios que son pilares de nuestro ordenamiento constitucional.
Las medidas adoptadas no deben obviar, como acertadamente ha señalado MDyC, esa perspectiva humanitaria, garantizando por encima de todo la protección debida al menor.
Ceuta debe tener ese protagonismo debido para ser tenida en cuenta de forma permanente, porque no se trata de hablar de presiones temporales, sino que estamos ante un ciclo constante de entradas de adultos y niños que arriesgan la vida sobre todo en periodos de temporales.
Se ha logrado un hito histórico, que no ha sido otro que sacar adelante una medida que respalda la defensa de los derechos humanos, pero a su vez, da alternativas a las ciudades que han sufrido una presión migratoria sin igual.
Este es el camino, aunque se haya tenido que imponer.
