El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez elaborar una nueva regulación más estricta al respecto de las subvenciones al transporte marítimo de residentes no peninsulares, entre ellos los de Ceuta. El objetivo: evitar que se beneficien empadronados en Ceuta que realmente viven en la Península. Así, aconsejan que estas se limiten por el nivel de renta, el número de viajes o a partir de una tarifa máxima bonificable, entre otras propuestas.
Se trata de una recomendación que el organismo hace a raíz de su informe de fiscalización sobre las subvenciones y apoyo al transporte marítimo durante el ejercicio de 2023 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Mediante estas ayudas, los residentes de Ceuta, Melilla, Canarias o Baleares, ven bonificado el 75 por ciento de sus billetes de barco entre la Península y sus territorios y viceversa, o también del helicóptero, en el caso de Ceuta. También hay ayudas para los viajes intrainsulares.
Estas bonificaciones las sufraga el Gobierno con aportaciones a las operadoras de líneas de interés público y otras subvenciones directas a las empresas navieras que hayan suscrito contratos de servicio público.
La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y responsable de la gestión y ejecución del programa, destinó 227 millones de euros en 2023 para financiar 8,6 millones de viajes bonificados.
El Tribunal de Cuentas advierte que en el periodo fiscalizado no había previsto ningún criterio que limite las bonificaciones que puede percibir cada beneficiario, en cuanto al número de viajes, el importe de las tarifas de pasaje, la categoría de la acomodación o cualquier otra referencia como el nivel de renta.
Tampoco se había regulado el detalle de los conceptos incluidos en el precio del billete de transporte que pueden ser bonificables y cuáles no.
Además, se exigía la acreditación de la residencia por medio del empadronamiento, sin que se establezcan requisitos adicionales para garantizar la residencia habitual.
La institución presidida por Enriqueta Chicano apunta también que los importes bonificados presentan "grandes diferencias" en función de si corresponden a acomodaciones de categorías superiores o de categorías más económicas. Esto, dice el tribunal, favorece a los residentes de mayor capacidad económica que pueden costear las primeras.
Por otra parte, la institución apunta que aunque la normativa excluye la bonificación de servicios ajenos al transporte, en su fiscalización ha observado que en las páginas webs de algunas compañías se indica habitualmente que las tarifas más elevadas incluyen servicios de restauración o similares, que no aparecen en los billetes.
Además, el Tribunal advierte que los créditos del presupuesto son insuficientes para financiar las bonificaciones y el Gobierno tiene que recurrir a ampliaciones de crédito y desplazamientos de gasto.
Con todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que tome la iniciativa en la elaboración de una nueva regulación de las subvenciones al transporte marítimo, sugiriendo que sea más estricta con el concepto de residencia, para evitar la posibilidad de acceso a las bonificaciones a pasajeros empadronados que tienen su residencia habitual en territorio peninsular.
A su vez, el organismo considera necesario excluir las bonificaciones o limitarlas a un importe máximo, en los billetes de transporte correspondientes a acomodaciones de categorías superiores o de lujo.
El Tribunal de Cuentas también ha detectado un "control insuficiente" en la aplicación de las tarifas máximas pactadas en los contratos de navegación con las navieras, lo que originó un "exceso en las bonificaciones abonadas como consecuencia de la aplicación incorrecta de las tarifas sujetas a contrato".
A raíz de esta situación, la Dirección General de Marina Mercante ha incoado sendos procedimientos administrativos de reintegro a dos navieras por los excesos en 331.074 embarques de 2023, por un importe de 1,14 millones de euros. Asimismo, ha comunicado el inicio de una revisión de liquidaciones de ejercicios anteriores no prescritos para detectar posibles cobros indebidos y proceder a su reclamación.
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