Hay una gran diferencia que marcó las
restricciones recogidas en el primer estado de alarma en comparación con las actuales. Una diferencia que incide directamente en esa movilidad que tanto critican las dos administraciones porque tiene mucho que ver con el repunte de los casos que se ha producido.
A diferencia del primer estado de alarma, en este segundo no se contempla para los ciudadanos una autorización expresa expedida por alguna de las Administraciones (en el estado de alarma anterior la formalizaba la Delegación del Gobierno), sino que el Real Decreto del presidente del Gobierno 926/2020 de 25 de octubre únicamente establece los supuestos excepcionales por los que
se permite la salida o entrada en un territorio (citas médicas, obligaciones laborales o académicas, causas de fuerza mayor, regreso a las residencias habituales o familiares), siendo los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad quienes requerirán la documentación acreditativa y que justifica el desplazamiento.
Esa última apreciación encierra la clave de todo: la residencia familiar o habitual. Más del 50% de las salidas que se produce de Ceuta a
Algeciras está protagonizada por personas que tienen a su núcleo familiar fuera. Trabajan aquí pero se marchan a la Península porque allí tienen a su familia. Muchos son militares y miembros de las fuerzas de seguridad destinados en Ceuta, que abandonan la ciudad tras cumplir sus turnos de trabajo y a los que no se les puede negar, en base a ese real decreto, su marcha. Se trata de un auténtico filón, de un hueco abierto que permite una movilidad extrema pero a la que no se le puede colocar ningún impedimento porque sería ilegal. La propia idiosincrasia de Ceuta hace que lo que sería anormal en cualquier otro territorio, aquí sea bastante común ya que muchos de estos desplazados no arraigan en Ceuta, ni se traen aquí a sus familias. Luego queda el margen de la picaresca, de las visitas médicas o de las reuniones de trabajo que luego no son tales.