Los rescoldos del verano (y II)

Los asuntos más graves acaecidos este verano han sido en mi opinión, la aplicación de la ley de amnistía, ya comentada en la primera parte de este de este trabajo, el pacto fiscal del Gobierno con los secesionistas catalanes de ERC y la declaración del Presidente del Gobierno manifestando que gobernará sin el Parlamento. Los ciudadanos no nos merecemos que el Presidente de Gobierno de una nación civilizada , rompiendo con las reglas básicas del constitucionalismo democrático, no se someta al cumplimiento de los principios básicos de la división de poderes, afirmando que seguirá con su agenda “con o sin el concurso del Poder Legislativo”. Presidente que, además, pacta con un delincuente fugado y buscado por la Justicia su permanencia en el poder. Asistimos a la destrucción paulatina de las estructuras que organizan el Estado sin que podamos hacer nada, o quizás no lo suficiente, salvo votar dentro de cuatro años. Todos somos culpables, desde la Corona al último ciudadano.

El pacto del cupo catalán supone una cesión de soberanía fiscal a una región española que no está amparado por la Constitución. Esta cesión profundiza en el debilitamiento del Estado, la rotura del principio de igualdad recogido en la Constitución, un enriquecimiento de los habitantes en la región catalana a costa de un empobrecimiento del resto de las regiones españolas sin ningún fundamento jurídico, parlamentario, económico, ni social, solamente basado en la necesidad de detentar el poder y enriquecerse con el mismo por parte Felón, ni siquiera de gobernar.

"A fuerza de repetirlo ya parece algo normal que el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalidad se fotografíen con la bandera de España y la de la región catalana situadas a la par"

El tal Sánchez, siempre se ha preocupado de que las relaciones bilaterales con los presidentes de la Generalidad de Cataluña tengan el protocolo de dos mandatarios de naciones independientes, con bandera y pase de revista a la policía autonómica, como si ésta fuera el ejército de Cataluña. Esto se integra en la idea de proclamar antes que tarde la plurinacionalidad de España, e incluso aún más esperpéntico la confederación de las naciones de España, institución mediante la cual volveríamos a la I República, con tan desgraciado resultado. Pero el Felón, lo hace cada vez que va a Cataluña o si alguno de los presidentes de la Generalidad acude a la Moncloa. A fuerza de repetirlo ya parece algo normal que el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalidad se fotografíen con la bandera de España y la de la región catalana situadas a la par. Y esto es una auténtica aberración. Pero nadie se lo ha criticado al Presidente, que con su discurso habitual considera que de este modo al tigre separatista no le crecerán las garras y ayudará a la concordia. El pacto fiscal se encuadra en la misma política de cesiones.

El Gobierno mediante este pacto se compromete a impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. También pretende reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, el fomento del uso social del catalán y la acción exterior de la Generalidad, olvidando o menospreciando, que el artículo 149 de la CE señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la Hacienda General y las Relaciones Internacionales. Por lo tanto solamente mediante una reforma constitucional puede realizarse ese pacto. El pacto transgrede principios básicos de nuestra Constitución anulando el respeto a la solidad interregional al instaurar el principio de ordinalidad, mediante el cual, lo recibido per cápita por cualquier territorio, en nuestro caso comunidad autónoma, no puede ser inferior a lo que reciba -también per cápita- otro territorio que haya aportado menos. En el modelo actual de financiación las Comunidades reciben el 50% del IRPF y del IVA, el 58% de los impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos) y el 100% de otros impuestos menores como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Electricidad, Matriculación, Ventas minoristas de hidrocarburos y Juego. Los impuestos que se quedan en la Administración Central sirven para financiar los gastos e inversiones del Estado y para nutrir fondos de compensación interterritorial en aplicación del principio de solidaridad, que redistribuye recursos haciendo llegar a las regiones con menos recursos financiación procedente de las más ricas. No se aplica el principio de ordinalidad. Y podría discutirse la aplicación de este principio dentro de una reforma del sistema de financiación autonómica, pero lo que es un verdadero abuso es que este principio se establezca al tiempo de conceder un pacto fiscal a una región que tendría poder normativo, gestionaría y recaudaría y liquidaría todos los impuestos. Sería acumular un privilegio más. Resulta muy necesario continuar aplicando el principio de solidaridad para reducir los desequilibrios entre regiones ricas y pobres; si bien entiendo que también puede ser adecuado aplicar el principio de ordinalidad, con el fin de evitar que los ciudadanos de las regiones que más aportan acaben recibiendo finalmente menos recursos que los de las regiones que reciben, pero no cuando se plantea la cesión de privilegios extraordinarios e ilegales a una región. Los impuestos que se ingresan en cualquier comunidad, en este caso Cataluña no solo son los de los ciudadanos que residen en ella. Las empresas contribuyen donde tienen el domicilio fiscal, y lo hacen además de por el impuesto de sociedades por el IVA repercutido a los consumidores en todos los territorios donde prestan servicios y por las retenciones a los salarios de sus empleados trabajen o no trabajen en Cataluña. Así una empresa con domicilio fiscal en Barcelona y que vende en toda España ingresará en esa ciudad el IVA pagado por los ciudadanos de toda España. El resultado del desafuero que significa el pacto acordado se cuantifica en que las regiones más pobres tendrán un 30 por ciento menos de los recursos actuales, será necesaria una subida de impuestos extraordinaria para llegar a tener el mismo nivel de ingresos que el actual para repartir entre el resto de regiones. Para lograr dulcificar el grave problema, el sátrapa gobernante intentará que los presidentes de las comunidades autónomas del inocente PP traguen el anzuelo de unos dinerillos con la disminución de su deuda del FLA (Fondo de Liquidación Autonómica). Así por ejemplo, Cataluña debe 74.328 millones de euros; Valencia 50.918 m.e; Andalucía 24.539 m.e; Extremadura 3.618 m.e; Murcia 11.376 m.e. La Comunidad .Madrid no se acogió a este Fondo en 2012 y toda su deuda está contraída con los mercados. Ya algunos se van dando cuenta de la burla. El de Murcia López Miras señaló que "la condonación de la deuda es una distracción de Sánchez para poder cumplir sus obligaciones con los independentistas. Lo que quiere es engañarnos", después de explicar que “dicha deuda es producto del problema de infrafinanciación de su territorio, con lo que la misma volvería a generarse si no se modifica el actual sistema”, por lo que si no se reforma el sistema íntegramente ¿por qué ir? “Salgo de la reunión sin que haya ningún compromiso concreto para Andalucía», ha señalado el de Andalucía. «Me voy con las manos vacías y sin ningún tipo de compromiso, De nuevo Sánchez les ha tomado el pelo y ha conseguido infundir entre algunos barones del PP que el pacto con Cataluña puede ser viable si tienen algo a cambio.

"Así una empresa con domicilio fiscal en Barcelona y que vende en toda España ingresará en esa ciudad el IVA pagado por los ciudadanos de toda España"

La oposición política reside en dos partidos conservadores tildados de fachas una y otra vez y que la izquierda, enfangada con los separatistas, etarras, y comunistas, martillea constantemente diciendo que lo verdaderamente importante es que no gobierne la derecha, porque la izquierda es el progreso. Y esto ha calado de tal manera, que a pesar del destrozo a la democracia que está continuamente realizando el sátrapa de la Moncloa, este frente popular tiene un suelo sólido del 30 % de los votantes, mientras la derecha del PP dirigida por Feijóo, está dirigida a establecer pactos con un PSOE que ya no exista y los secesionista PNV y JUNTS y fracasa siempre. A pesar de poder sacar a cientos de miles de personas a la calle después se pierde porque sus líderes no se enfrentan continuamente contra el sanchismo y sobre todo no presenta un proyecto ilusionante que sea una verdadera oposición a las políticas del Felón. Feijóo ya en 2023 ante su debilidad al no poder gobernar, dio libertad a los candidatos regionales del PP a la hora de establecer si sumaban o no con Vox. Se trataba de una novedad importante, porque hasta entonces había venido rehuyendo este escenario. Ahora Pedro Sánchez, como hemos visto, ha planteado reuniones bilaterales con los barones del PP en Moncloa con el fin de abordar el tema de la financiación del nuevo cupo catalán, Feijóo inicialmente prohibió esas reuniones, pero posteriormente ha asumido que si la mayoría de los presidentes autonómicos sí quieren reunirse con el jefe del Ejecutivo para abordar “¿qué hay de lo mío?”, lo harán sin su permiso. Tanto el presidente de Murcia, Fernando López Miras, como el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, señalaron que ellos sí se reunirían con Sánchez. Y un poco más tarde se sumaron el valenciano Carlos Mazón y el andaluz Juanma Moreno. Sus barones ya no le obedecen. Esta semana, el líder del PP sorprendió al asegurar que veía con buenos ojos la posibilidad de reducir la semana laboral de cinco a cuatro días, la ampliación del permiso de paternidad a los 22 días, e incentivos a las empresas para que contraten mujeres después de una baja por maternidad. Siempre apoyando las políticas a rebufo del PSOE, mientras sus barones se miran sorprendidos.

El PP tiene dos líderes excepcionales, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso que al frente del partido , en mi opinión, conseguirían una auténtica barrida del PSOE en las próximas elecciones denunciando fuerte y claro en principio que todas las leyes del sanchismo serán anuladas, como la del “Sí es Si”, la “Trans” la de Memoria Democrática, la de Amnistía, etc y después mostrar un programa que reactive las libertades, la propiedad privada, la independencia judicial, la separación de poderes y enfrentarse duramente a los secesionistas que viven de romper la unidad de la Nación. Pero eso por ahora, como con Sánchez, hay que esperar.

"Ante el desgobierno actual y sus continuos desafueros, ni el Monarca, ni los intelectuales, apenas los integrantes del poder judicial, ni la sociedad civil, nadie alza voz, parece que la Nación, España a nadie importa"

La oposición de VOX, que admite que le califiquen una y otra vez de ultra derecha, no tiene todavía la fuerza ni la organización en todo el país. Por otra parte centra todo su poder en una sola persona y ha perdido personas muy valiosas. Su obsesión de oponerse frontalmente al PP le hace ser un valioso activo para el PSOE, y el PP de Feijóo entrando al trapo ha menospreciado a VOX y ha buscado dejar al partido de Santiago Abascal fuera de los gobiernos en los que influye, lo que significa gobernar en solitario, o con apoyos parlamentarios puntuales en el máximo número de ayuntamientos y comunidades que gestionan, eso ha condicionado también la estrategia de VOX. Creo que es necesaria una gran reflexión en ese partido que tiene muchos valores y menos complejos que el PP.

Ante el desgobierno actual y sus continuos desafueros, ni el Monarca, ni los intelectuales, apenas los integrantes del poder judicial, ni la sociedad civil, nadie alza voz, parece que la Nación, España a nadie importa.

El Rey que en Octubre de 2017 habló alto y claro, esta vez está callado, rodeado de un círculo protector que enseguida manifiesta que la neutralidad del Rey consiste en la pasividad y ésta en no decir una mala palabra ni ejecutar una mala acción, en resumen no moverse. Aun así, algunos detalles molestan. Este verano ha concedido las más alta distinción, la Gran Cruz de Carlos III, que se concede a quienes hayan prestado notables servicios a España, a diversos ex ministros del Gobierno anterior, entre esas personas a Irene Montero, autora e impulsora de la popular ley del “Si es Sí” por la que cientos de violadores están en la calle y otros tantos tienen la penas reducidas. Por Real Decreto 824/2024, de 30 de Julio, el Rey concedió la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, “Queriendo dar una muestra de mi Real Aprecio a doña Irene María Montero Gil” Por favor Majestad, deje sus Reales Aprecios para mejor ocasión. Este detalle ha ascendido, en mi opinión, desde la categoría de normal a la de surrealista. O dicho de otra forma, en que consiste la función de moderación del funcionamiento regular de las instituciones expresada en la CE, ¿verdaderamente no podía haber puesto la luz roja al presidente del gobierno cuando le hubiera presentado el proyecto de decreto de este nombramiento?. Claro si SM no atiende en algo que puede considerarse de menor categoría, aunque infravalora a todos los personajes que, en otro momento, han merecido esa distinción, ¿cómo va a entrar en los más importantes, aún a costa de saber que el sátrapa irá directo cuando las circunstancias le sean propicias a derrocar la monarquía? No hay que olvidar que el artículo 8.1 de la CE : “Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, sin olvidar que el Rey es el Jefe de las Fuerzas Armadas. Por ello escribí mi artículo titulado “La defensa del orden constitucional”, publicado el 7 de Enero de 2024. En ese artículo defiendo que es el poder judicial quien tiene que suministrar los argumentos necesarios al Rey, para que pueda tomar las medidas necesarias para defender el orden constitucional cumpliendo así con la Constitución. Antes de llegar a ese punto el Rey debe mostrarse con sus discursos, sus gestos y también sus actos su oposición a todo lo que sea contrario al ordenamiento constitucional, hasta en los menores detalles. Es el caso lacerante de la postura del Tribunal Constitucional , que no es un órgano del poder judicial, al anular o modificar la sentencias del Supremo, como ha ocurrido recientemente al anular la sentencia de los ERE de Andalucía por la malversación de 680 millones de euros que los gobiernos del PSOE en Andalucía, entre los años 2000 y 2009, destinaron a ayudas a trabajadores y empresas en crisis que dieron sin ningún control y de forma totalmente arbitraria y carente de la más mínima transparencia. ¿No es una rotura flagrante del ordenamiento constitucional? ¿No Hubiera sido necesaria la llamada del Rey al Presidente del TC, Conde Pumpido, para que no continuase enfrentándose al T. Supremo y rectificando sus sentencias sin basarse en la falta de garantías constitucionales?, porque si no, ¿quién ha de hacerlo?

Mientras nos entretendremos con la bicicleta, la enésima gracieta del Felón.