La Resolución de la Secretaría de Estado de Educación que regulará la
escolarización para el próximo curso en las ciudades autónomas mantiene que “la residencia efectiva en Ceuta y
Melilla” seguirá siendo “condición para obtener y mantener una plaza escolar en los
centros sostenidos con fondos públicos de ambas ciudades”.
“Dada la condición de ciudades fronterizas y a los efectos de asegurar el carácter prestacional del derecho fundamental a la educación, la residencia efectiva será acreditada de modo general a través del empadronamiento en el que figure el menor y cualquiera de los padres, madres o representantes legales del alumno”, refiere el Ministerio. En caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, se considerará “al que tenga atribuida la custodia”.
Cuando no se pueda presentar un certificado de empadronamiento la residencia “se podrá acreditar a través de certificado emitido por los servicios sociales o por funcionario con la condición de autoridad pública”, previa comprobación de la efectividad de la misma.
Como novedad con respecto al año pasado, el
MEFP contempla que “en el caso de que no se hayan podido presentar los certificados anteriores, se podrá entender acreditada la residencia efectiva por otros medios de prueba admitidos en Derecho”.
Hasta la llegada de Rodríguez aún había niños residentes privados de su derecho
Durante el curso pasado se escolarizó en Ceuta a alrededor de medio centenar de niños a los que se vetaba por razones burocráticas su acceso a las aulas, una política con la que la actual directora provincial, Yolanda Rodríguez, acabó de manera radical desde su llegada hace ahora un año.
Al menos desde marzo de 2020, cuando se cerró la frontera, es irrefutable que cualquier niño en Ceuta es residente en la ciudad y no viene a diario desde Marruecos, práctica que se alegaba anteriormente para justificar las reticencias a escolarizar.