Regeneración democrática

El Congreso de los Diputados acordó trabajar en un pacto de futuro por la regeneración democrática y contra la corrupción. La propuesta de resolución fue pactada por el Partido Popular, CiU, UPyD y CC, a la que se sumaron en la votación PNV, ERC, Compromís-Equo y Foro Asturias. El Partido Socialista Obrero Español se abstuvo. Es muy importante que se haya aprobado por parte de todos una agenda muy ambiciosa para luchar contra la corrupción y por la regeneración democrática y que dicha agenda sea una prioridad de trabajo en la Cámara.
El Partido Popular apuesta por reformar leyes, adoptar medidas, cambiar reglamentos, fortalecer la transparencia de las instituciones democráticas, la credibilidad del Parlamento y ponérselo muy difícil a quienes vienen a la política a robar y a enriquecerse. En resumen, hay que endurecer los controles y las sanciones.
El acuerdo tiene cuatro apartados diferenciados. En primer lugar, la elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Es necesario, tal y como están las cosas, que el Parlamento haga ese esfuerzo y que todos los diputados trabajen en ese acuerdo.
En segundo lugar, se recoge una propuesta del PSOE para que haya una comisión de expertos que pueda realizar un trabajo sobre el estado de la corrupción en España y que pueda proponer también sus mejoras. En tercer lugar, se pide la aprobación por parte del Gobierno de los siguientes proyectos de ley para su remisión al Parlamento: Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de cuentas para articular más instrumentos de control, Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Política, para que se constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado; Reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y en cuarto y último lugar, se sitúan las labores que los diputados han de hacer en la Comisión de Reglamento o en la Comisión Constitucional y que se refiere a renovación del Reglamento del Congreso y de qué manera se puede hacer un Congreso más abierto, más transparente y de qué manera se arreglan, para que no haya ninguna duda, las condiciones que afectan a los diputados.
La característica principal de este Gobierno ha sido la puesta en marcha y desarrollo de una completa agenda de reformas proyectadas hacia la superación de la crisis económica y la creación de empleo. El Partido Popular insta al Gobierno a continuar con las reformas como única vía para volver a la senda de desarrollo y creación de empleo, a seguir gobernando desde la solidaridad y el mantenimiento de la cohesión social priorizando las políticas sociales, y a dar continuidad a los esfuerzos de consolidación fiscal, estabilidad presupuestaria, austeridad y eficiencia que afronten el desequilibrio de las cuentas públicas.
Para el PP, hay que continuar con la tarea de redimensionamiento del sector público y seguir cooperando con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales en un objetivo común de estabilidad presupuestaria y de mantenimiento de los servicios públicos. El PP apuesta por trabajar en la recuperación de la confianza y la credibilidad de España y sus instituciones, por seguir dando impulso político al proceso de integración europea asegurando la irreversibilidad del euro y proseguir con el programa de regeneración democrática impulsado desde el comienzo de la Legislatura por el Gobierno.
Las Administraciones Públicas constituyen el pilar más importante, consistente y eficaz del que gozan los Gobiernos para poner en marcha las políticas públicas que demandan los ciudadanos. La coexistencia de diversas Administraciones ha producido distorsiones en la prestación de servicios, generando innecesarias duplicidades e ineficiencias. Por ello, el Partido Popular insta al Gobierno a eliminar duplicidades administrativas, a la gestión de servicios y medios comunes para centralizar las actividades de gestión, a la administración institucional y a la clarificación de las competencias de las entidades locales.