Un refugiado sudanés expulsado el 24J pide asilo en la embajada en Rabat

Un joven sudanés que fue devuelto a Marruecos tras entrar en Melilla el 24 de junio (24J), cuando murieron al menos 23 migrantes en su intento de cruzar la frontera, solicitó este martes asilo en la embajada de España en Rabat, un mecanismo previsto en la ley española pero que apenas se aplica.

El joven de 24 años, acompañado de dos abogados del equipo jurídico de la entidad pro derechos humanos DEMOS, registró en la embajada española su solicitud de asilo de acuerdo a lo contemplado en la ley de asilo española de 2009.

Esta norma detalla en su artículo 38 que los embajadores pueden "promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a España para hacer posible la presentación de la solicitud", cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre y "corra peligro su integridad física".

Añade que un reglamento determinará las condiciones de acceso a embajadas y consulados de los solicitantes, así como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España de los mismos, pero esta norma no se ha llegado a aprobar.

En sus conclusiones preliminares sobre la tragedia de Melilla del 24 de junio, el Defensor del Pueblo español afirmó haber pedido al Ministerio de Exteriores reforzar las legaciones diplomáticas para que posibles solicitantes de asilo puedan acceder a ellas "sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha mencionado estas vías de solicitud de asilo en comparecencias ante el Congreso, pero en la práctica los migrantes no las utilizan. Suelen hacer estas peticiones en las oficinas de Acnur repartidas en Marruecos.

Joven cristiano que perdió a su familiar en el conflicto de Sudán e intentaron convertir al islam

Según los abogados de este solicitante de asilo, se trata de un joven cristiano que perdió a los 15 años a su padre y a su hermano, asesinados en medio del conflicto armado de Sudán.

Se refugió luego en casa de unos familiares, intentaron forzarle a convertirse al islam, tras lo que huyó en 2018 hasta llegar a Marruecos, un camino por el que ha pasado por cinco países "en los que ha sido víctima de privaciones de libertad, tortura y tratos inhumanos".

Los letrados afirman en un comunicado que el joven entró en Melilla el 24 de junio, pero fue devuelto a Marruecos "de forma ilegal", como parte de las 470 personas rechazadas en frontera en un proceso que, según el Defensor del Pueblo, no respetó "las garantías legales e internacionales" en materia de extranjería y asilo.

De vuelta a Marruecos, añaden, fue golpeado por las fuerzas de seguridad marroquíes y trasladado a más de 600 kilómetros de la frontera. Lleva dese entonces viviendo en la calle de diferentes ciudades marroquíes en las que, según denuncian sus letrados, "los supervivientes del 24 de junio son sistemáticamente perseguidos".

"La ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español avalan la posibilidad de pedir asilo en las embajadas y en los consulados españoles, así que se trata únicamente de no impedir ni obstaculizar el cumplimiento de la ley", sostiene su abogado Arsenio Cores.

Se trata de un proceso, añade, "arriesgado" para el joven sudanés "porque, aunque como refugiado tiene derechos reconocidos por la ley, el Estado español el 24 de junio decidió actuar contra esa legalidad, desprotegiéndole al expulsarlo ilegalmente de Melilla".

"España tiene de aquí en adelante la posibilidad de reparar el daño que ya le ha causado y de evitar más muertes innecesarias en la Frontera Sur", afirma Cores.

Amnistía acusa a España y Marruecos de crímenes en la tragedia de Melilla

Amnistía Internacional (AI) sostiene que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas desplegadas para impedir el salto a la valla de Melilla el 24 de junio en el que murieron, según esta entidad, al menos 37 subsaharianos, cometieron crímenes contra el derecho internacional como la omisión del auxilio médico a los heridos, homicidios, torturas o expulsiones colectivas.

Es la principal conclusión que la entidad plasma en un informe presentando este martes en Madrid en una rueda de prensa en la que el director de AI en España, Esteban Beltrán, ha dicho que el Gobierno español "parece que ha tratado de encubrir los hechos": no ha iniciado una investigación de oficio, colabora "a regañadientes" con la Fiscalía, "ha exonerado" a las fuerzas de seguridad y ha mentido.

Cuando están cerca de cumplirse seis meses de la tragedia, el documento, elaborado con declaraciones de testigos y supervivientes, así como imágenes y otros indicios examinados desde ese día y hasta octubre, denuncia un "uso generalizado de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas" incluso después de que los migrantes estuvieran bajo control policial.

Concluye que tanto los agentes marroquíes como españoles usaron porras, pelotas de goma y de forma reiterada gas lacrimógeno, además de propinar golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas "en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar".