La Reforma

Entre la vergonzosa reforma laboral hecha de manera unilateral por el Gobierno del Partido Popular en 2012, estando Rajoy de presidente, cuyo objetivo era la desregulación de las relaciones laborales y el inicio de la hoja de ruta de la derecha española, mal llamada liberal, hacia la privatización de la contratación laboral y su equiparación al contrato civil, y la que acaba de pactarse por los dos principales sindicatos del país, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, la Patronal y el Gobierno progresista de España, no hay posibilidad alguna de establecer algún tipo de similitud razonable. Se ha negociado de forma leal. Todos han cedido algo. Han buscado el bien común y la mejora de las relaciones laborales. Y han querido ayudar a su país a que siga adelante y supere definitivamente la crisis originada por la pandemia.

En uno de los últimos artículos de opinión referidos a este acuerdo que he publicado, “el mejor regalo”, decía que se trataba un acuerdo histórico, un éxito de todos que servirá para modernizar el mercado laboral de nuestro país, homologando nuestras relaciones laborales con Europa, y dejando atrás el modelo de devaluación salarial de 2012. Y añadía que se trabaja de una reforma del siglo XXI que apostaba por una recuperación justa, pues reducía la temporalidad, reforzaba la creación de empleo de calidad, y ofrecía seguridad jurídica a las empresas. Pero, también añadía que cuando se conociera la letra pequeña de esta reforma, sería el momento de analizar de forma algo más técnica los aspectos jurídicos y económicos más relevantes de la misma. Es lo que me dispongo a hacer, de forma muy resumida, tras asistir al encuentro online organizado por el Gabinete de Estudios Jurídicos de Comisiones Obreras la pasada semana.

Su responsable, Paco Gualda, un reputado especialista en derecho laboral, desgranó paso a paso, y en lenguaje bastante técnico (el público estaba formado, fundamentalmente, por miembros de todas las asesorías jurídicas del sindicato), las claves de la profundidad e importancia de lo que se había acordado y publicado en forma de Real Decreto. Previamente a esta intervención, la responsable del sindicato que había dirigido las negociaciones no dudó en calificarlas como el “hecho más trascendente de los últimos años”. Y no son frases rimbombantes, ni palabras sin sentido, pues vienen del principal sindicato del país, que tiene un amplio historial de negociaciones desde su fundación.

Los ejes de la negociación han girado en torno a tres aspectos claves. El primero era el destinado a combatir la temporalidad y precariedad. El segundo, para limitar los despidos en situaciones de crisis. El tercero, para recuperar el poder de negociación colectiva. En palabras del profesor Cruz Villalón, se trata de una “reforma estructural con futuro, al haber actuado sobre unas pocas piezas claves, que le van a hacer tener suficiente impacto como para eliminar ciertas desviaciones perversas y al tiempo construir un modelo más equilibrado” (El país, 29-12-2021).

Según el conferenciante, una de las claves está en la nueva redacción que se da al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, referido a la duración de todos los contratos de trabajo. A partir de ahora va a haber una presunción legal de que el contrato es indefinido, frente a lo que ocurría en la anterior legislación, que solo se consideraba fijo si el trabajador lograba demostrar el fraude en la contratación. Es decir, ahora se cambia la carga de la prueba del trabajador al empresario, que será el que tenga que demostrar que el contrato temporal se circunscribe a las únicas modalidades que se han establecido, a saber, por circunstancias de la producción y por sustitución, cada una de ellas circunscrita a tres circunstancias tasadas, que habrá que calificar y cuantificar. En caso de duda, la interpretación debería ser a favor de la fijeza y la estabilidad. En esta parte, ha recuperado fuerza el contrato fijo discontinuo. Y se declara que la externalización ya no puede ser una vía para la temporalidad. El Servicio Público de Empleo Estatal será el organismo encargado de dar cuenta a la Inspección de Trabajo ante las sospechas de fraude.

Un aspecto muy importante, dentro de los contratos de sustitución, son los procesos de selección, cuyos contratos por esta causa van a ser por persona y puesto de trabajo, limitándolos a 18 meses. El principio de correspondencia que se introduce ayudará a evitar la rotación de trabajadores en el mismo puesto de trabajo, para eludir las reglas sobre la temporalidad.

Pero también se recupera la ultraactividad de los Convenios Colectivos, que evitará que los empresarios aguanten en las negociaciones hasta que los mismos pierdan vigor. Esta medida, junto a que los convenios de empresa ya no podrán regular salarios por encima de los convenios del sector, va a evitar la devaluación salarial, que antes se facilitaba a través de la preferencia de dicho tipo de convenios. En definitiva, se fortalece la negociación colectiva sectorial como instrumento de política salarial, para favorecer la homogeneización de los salarios y evitar prácticas desleales por parte de determinados territorios.

Por último, el reforzamiento de los ERTES a través del mecanismo de solidaridad para momentos de crisis del sistema RED, se consolida como una técnica de preservación del empleo, frente a lo que ocurría con la reforma de 2012, en la que los mecanismos de los despidos colectivos eran auténticas técnicas para la destrucción del empleo.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) confirman que España ha dado la vuelta a su peor crisis desde la Guerra Civil. También desmontan las argucias catastrofistas, hechas a base de inexactitudes y falsedades, como se explica con mucha claridad en el artículo de Xavier Vidal en el País del pasado 28 de enero.

Ahora solo falta que los nacionalistas, de derechas y de izquierdas, no arruinen la Reforma Laboral por su mezquino intento de hacer prevalecer sus específicos marcos de relaciones laborales, frente al más justo y equitativo marco nacional, que han consensuado los agentes sociales de nuestro país. Sería un imperdonable error que tendría graves consecuencias para todos.