El Ministerio de Migraciones quiere rebajar los requisitos que actualmente se imponen a los
menores migrantes solos y a los jóvenes extutelados para obtener la tarjeta de residencia reduciendo plazos, aumentando la vigencia de los permisos y rebajando las exigencias económicas impuestas, según el borrador de la reforma del
Reglamento de Extranjería que ha avanzado esta semana elDiario.es, pero todos esos cambios “no tendrán apenas incidencia en Ceuta”, según las fuentes consultadas por este periódico.
En primer lugar, porque la Ciudad Autónoma ya es “un referente” a nivel nacional en lo que al cumplimiento de la normativa sobre documentación de niños migrantes no acompañados se refiere, acatando los protocolos legales firmados que recortan de nueve a tres meses los plazos estipulados, pero sin caer en la probable precipitación que conllevaría incoarlos a partir de sólo 15 días de su llegada a territorio nacional, como pretende pasar a hacer el Gobierno central, cuando habitualmente no traen documentación oficial alguna (con foto) que valide la expedición de una cédula de inscripción.
Sobre el fondo de la iniciativa, “evitar que los menores migrantes tutelados pierdan sus papeles al cumplir 18 años” con el consiguiente riesgo de victimización, la trascendencia de la reforma se debería ver al otro lado del Estrecho, ya que en Ceuta “el 98%” de los jóvenes que dejan de estar tutelados por la
Ciudad Autónoma no se quedan aquí.
La Ciudad cumple a rajatabla los plazos de documentación establecidos
Según los datos a los que ha tenido acceso El Faro, de los últimos cincuenta jóvenes que han dejado de estar amparados por la Administración local “solamente uno” ha conseguido trabajo en Ceuta gracias a que la última Instrucción del Ministerio exige que la documentación de los chicos implica autorización laboral.
No obstante, con independencia de que encuentren o no un empleo, la “inmensa mayoría” tiene puestos los ojos de sus proyectos vitales en el resto de España y de la Unión Europea.
La supuesta revolución de la reforma del Reglamento de Extranjería no es tanta. El ministro José Luis Escrivá quiere, según elDiario.es, que las autonomías inicien los trámites para la concesión de la tarjeta de residencia a los menores migrantes no acompañados “quince días después de su llegada a España, en vez de los nueve meses establecidos en la actual normativa”, pero en el Protocolo vinculante publicado en 2014, del que Ceuta es firmante, ya se establece que “tres meses desde la puesta a disposición del MENA del Centro de protección de menores es tiempo suficiente para que, por parte de la entidad pública de protección de menores, se solicite la autorización de residencia”, periodo con el que la Ciudad cumple con rigidez.
El Ministerio también quiere incrementar la vigencia de la autorización de residencia, que pasaría a ser de dos años, renovable por periodos de cinco años mientras el beneficiario siga siendo menor, algo que sí podría ampliar el margen de los jóvenes migrantes solos para buscar una oportunidad laboral legal a la que frecuentemente no tienen acceso en Ceuta, acostumbrada a la mano de obra barata e ilegal marroquí transfronteriza.
En lo que a la renovación de la residencia una vez cumplidos los 18 años toca, la ciudad apenas registra casos. Quienes quieren quedarse se cuentan con los dedos en un año. Pero, además exigirse saber español, haber obtenido certificados de cualificación profesional y tener informes oficiales de buen comportamiento, se requiere demostrar ingresos de al menos 565 euros al mes.
El Estado pretende flexibilizar esa condición y que ya no sólo se computen las retribuciones laborales, tan difíciles de conseguir con ese perfil, sino también la percepción de ayudas sociales que “apenas existen” en ambos lados del Estrecho más allá de Euskadi.