La prometida reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, pactada entre el PSOE y sus socios parlamentarios, afronta un nuevo debate en el Congreso, que aborda el próximo jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, contrarios a la propuesta. De hecho, Vox propondrá que los extranjeros "en situación de irregularidad administrativa" sean expulsados, además de "reforzar la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla".
PP y Vox, junto con el diputado de UPN, fueron las únicas que votaron en contra de la toma en consideración de la iniciativa el pasado mes de octubre, cuando la reforma echó a andar en la cámara baja con 176 votos a favor y 170 en contra.
El PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron el texto que, tras varios intentos frustrados, busca reformar la polémica ley mordaza, aprobada por el PP en 2015; y a ese texto se sumaron ERC, PNV y BNG, aunque este último grupo, Junts y Podemos anunciaron que presentarán enmiendas durante su tramitación.
Este próximo jueves la iniciativa tendrá que superar un escollo parlamentario: las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, muy críticos con la reforma al creer que busca contentar a EH Bildu y que desprotege a las Fuerzas de Seguridad. "Ley Otegi de inseguridad ciudadana" la llegó a denominar el portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo defiende la literalidad de la ley de 2015 e introduce en su enmienda algunos cambios, como considerar infracción muy grave los homenajes a autores de delitos de terrorismo y castigar a las autoridades y funcionarios del ayuntamiento que los autoricen o faciliten.
También apuesta por que sea considerada infracción muy grave la ocupación de inmuebles o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, así como portar, exhibir o usar armas prohibidas, como las armas blancas, o utilizarlas de modo negligente o intimidatorio.
Desde Vox defenderán una enmienda a la totalidad con texto alternativo que propone que los extranjeros en situación de irregularidad administrativa sean expulsados y busca también reforzar la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Aboga además por endurecer el régimen sancionador para la ocupación ilegal de inmuebles o la difusión de imágenes de agentes, a quienes quiere garantizar el establecimiento de una distancia de seguridad mínima para permitirles actuar "proactivamente" en el uso de la fuerza ante un "acometimiento".
El debate tendrá lugar mientras, frente al Congreso, se celebra una protesta convocada por dieciocho sindicatos y asociaciones policiales, que denuncian que la reforma les deja en situación de vulnerabilidad.
La propuesta plantea la retirada progresiva de las pelotas de goma y su sustitución por medios menos lesivos, así como terminar con las sanciones "injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" en las faltas de respeto a la autoridad.
Se considerará infracción leve la negativa a identificarse ante los agentes y "los insultos o injurias" a estos en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituyan delito, mientras que la desobediencia o resistencia a la autoridad habrán de ser manifiestas, claras y objetivables.
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