Ceuta ha vuelto a mencionarse este jueves en el Pleno del Congreso. Allí se ha aprobado hace pocas horas el dictamen correspondiente al proyecto de ley por el que se modifica la regulación del juego para ampliar la protección a los usuarios ante prácticas de riesgo, fortalecer el control ante posibles fraudes y reforzar la cooperación entre comunidades. El cambio no se extiende, como pedían los independentistas, a las ventajas fiscales de que disfrutan desde 2018 las ciudades autónomas. Tanto Ceuta como
Melilla gozan desde entonces de una tasa del juego del 10% frente al 20% que rige en el resto del territorio nacional. La modificación introducida por Montoro simplificó el sistema anterior y fijó una
única tributación para las operadoras del 20% sobre los ingresos netos (dinero jugado menos premios entregados), la mitad para las empresas “con residencia fiscal y realmente radicadas” en las localidades españolas norteafricanas. La diputada de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Marta Rosique ha lamentado que la reforma de la ley haya desaprovechado la oportunidad de eliminar los "privilegios" del sector del
juego y que el Gobierno "no se haya atrevido" a incorporar un régimen específico de tributación en Ceuta y Melilla, donde a su juicio seguirá habiendo "un paraíso fiscal". Además, ha pedido que se pongan fin a la rebaja que hizo el
PP del impuesto el juego, que cuando se apruebe la ley seguirá siendo del 20%. "Hay que subirlo al 30%", ha reclamado. Para poder acceder al privilegiado régimen de tributación local las compañías deben cumplir tres requisitos al margen de tener en Ceuta su residencia fiscal: que más de la mitad de su plantilla esté adscrita a su sede local y tenga en la ciudad su residencia habitual; que más de la mitad de su masa salarial corresponda a esos trabajadores (para evitar localizar solamente a los peor retribuidos); y que el conjunto de servicios recibidos por la operadora de otras empresas del grupo no supere idéntico porcentaje. Con ese marco, durante los últimos cuatro años más de 30 empresas se han asentado en la ciudad generando, de acuerdo con las últimas estimaciones del
Ejecutivo local, al menos 500 empleos directos. El texto aprobado este jueves, que actualiza la ley de regulación del juego de mayo de 2011, mejora la protección de los usuarios, principalmente de los menores o personas con problemas y adicciones y establece órganos reguladores como la Comisión Nacional del Juego, que se encargará de la supervisión.