El Gobierno del Partido Popular anuncia una reforma legal que afectará a los inmigrantes que, de forma ilegal, accedan a nuestro territorio violentando las fronteras, enfrentándose a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y consiguiendo su fin. Esta reforma trataría de, inmediatamente hayan puesto pie en nuestro país, sean devueltos.
Sobre este asunto, polémico, hay ya todo un mundo de opiniones, cruce de acusaciones, declaración de intenciones, teorías, etcétera. Argumentos a la carta, casi todos con una carga de buenas voluntades, pero que no pasan de ahí.
Posicionarse sobre este fenómeno podría considerarse una temeridad, “un alarde innecesario”, pues son más los que no opinan, que los que opinan. Pero, ¿no sería un buen momento, dada la intención del Gobierno, para sacar la cabeza de debajo del ala, abandonar los prejuicios y la demagogia y trabajar de forma conjunta en una ley que sea eficaz y que dé solución a esta lacra?
Yo creo que sí, que aparte del Gobierno, los demás grupos de la oposición tendrían la oportunidad con esta ley de salir de un disparatado bucle donde casi todos los que opinan lo hacen según la oportunidad que les da el momento y esto es, verdaderamente, deleznable.
Entonces, sí a la reforma legal, pero sin olvidar lo más importante, que las personas que están al otro lado de la valla son seres humanos, que necesitan nuestra ayuda y ésta les tendrá que llegar forzosamente de forma regular y con garantías en sus países de origen. Seguramente el montante total sea poco más de lo que hoy cuestan los campamentos y dispositivos de seguridad mantenidos en la actualidad por los países de Europa.
Sí a la reforma pero, ojo, sin el suficiente consenso y si se hace mal y a destiempo, podría convertirse en un verdadero genocidio.
*Antonio Gil Mellado - Sec. general de UGT
