La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha procedido a registrar este miércoles ante la Oficina del Defensor del Pueblo una solicitud de inspección "urgente" ante la Oficina del Defensor del Pueblo a los efectos de garantizar que se pueda dar una inspección "pormenorizada" por esta institución, "que no puede ser detenida por parte de las autoridades públicas en virtud de su propia competencia, hacia la ciudad autónoma de Ceuta". Esta petición, explica la entidad, se ha efectuado al amparo de la certificación por parte de la Red de declaraciones y testimonios "que hacen pensar que no se está dando un proceso con suficientes garantías sobre todo en la identificación de la edad de los potenciales
menores desplazados en la ciudad autónoma de Ceuta". A juicio de la Red, las "abultadas" cifras de "
deportaciones sumarias (
con cantidades que superan los 4.000 personas en menos de 24 horas) así como la constatación inclusive por los testimonios de las propias autoridades de que gran parte de los mismos son menores de edad, provocan que se tenga que girar, una visita de inspección urgente para comprobar y certificar esta situación y constatar si los efectivos de las instituciones públicas destacados en la zona cuentan con suficiente capacidad, medios y protocolos que indiquen como proceder durante esta grave crisis humanitaria". Por parte de la Red, se ha querido destacar cómo, del análisis del número y tipología de efectivos desplazados a la
zona, es "virtualmente imposible" que se hayan podido dar los procesos "básicos" de comprobación de la edad, "máxime cuando se requiere en gran medida la intervención de la Fiscalía especial de Menores y otras instituciones que no consta hayan recibido refuerzo en número y forma suficiente para este particular". La Red recuerda que ha ofrecido reiteradamente la cooperación del tercer sector a la Secretaría de Estado de Migraciones así como la capacidad operativa de diversas entidades destacadas en Andalucía y otras zonas colindantes para garantizar una respuesta unitaria y que ofrezca "garantías para los menores que son actualmente moneda de cambio en una pugna política que desde la organización se califica de indecente e inhumana". Por parte de la Red se quiere señalar como "no hay proceso alguno" que permita la "deportación sumaria" de menores y que, así mismo, "no se puede dar actuación alguna en su contra si no se permite el acceso a las organizaciones independientes y de carácter humanitario, extremo que, al no permitirse hasta el momento, ha motivado que se acuda por parte de la Red al Defensor del Pueblo y del Menor".