El Gobierno local puso ayer sobre la mesa su temor a que las comunidades autónomas, casi todas gobernadas por el PP, presenten un recurso de inconstitucionalidad al decreto-ley aprobado hace unos días en el Congreso de los Diputados y que regula el reparto de menores que actualmente están en Ceuta y Canarias. El portavoz, Alejandro Ramírez, reafirmó su conformidad con la letra y el espíritu del texto, si bien no ocultó que cualquier pronunciamiento por parte del Alto Tribunal en contra de esta norma supondría agravar todavía más el problema de hacinamiento de menores que ya soporta la Ciudad.
Ante la posibilidad del peor de los escenarios, que sería la paralización del decreto-ley, la única salida sería que el Gobierno ponga en marcha cuanto antes las medidas de reparto. Y esa debe ser la prioridad para el Ejecutivo de Sánchez, porque cualquier otra alternativa sería un auténtico varapalo para Ceuta, más aún si alguien tiene la tentación de hacer política partidista de este asunto para desgastar a un PP que tiene visiones distintas a nivel nacional respecto a la realidad migratoria de Ceuta y Canarias.
La Ciudad no podría soportar que se llegase a ese escenario y el Gobierno local cumple con su obligación al apelar al resto de territorios para que se lo piensen detenidamente antes de presentar el recurso ante el Constitucional. En juego está la situación de esos más de 400 menores que no están recibiendo el trato humanitario que merecen y que se espera de una sociedad y un estado democrático responsable y comprometido con los derechos humanos.
Todos esos dirigentes que apelan siempre a la visión de Estado cuando se trata de juzgar a otros, en esta ocasión deberían reflexionar internamente y decir claramente si consideran que los menores acogidos en Ceuta merecen estar en las condiciones que sufren en la actualidad.
