Nadie podrá negar que las recomendaciones han sido siempre una de las características más significativas de España, como la tauromaquia o el flamenco. Se recomienda por todo y para todo, desde un cargo político o un puesto de trabajo hasta un simple examen de colegio. En Google podemos encontrar un extenso surtido de modelos de cartas de recomendación, aunque también existen las recomendaciones orales. El problema ha surgido cuando, de repente, atender una recomendación se ha convertido en un atroz delito, sobre todo si el favorecido y, por ello, también posible delincuente, es del PP.
Reconozco humildemente que he sido unas veces recomendado y en muchas más ocasiones recomendante. Mi padre fue muy estricto al respecto, tanto que estoy seguro de que nada hizo en este aspecto por mí hasta que llegué a la Universidad. Entonces se movió para conseguirme plaza de residente en un Colegio Mayor. También reconozco que después de ciento siete duros días de instrucción, tuve un “enchufe” que me hizo más apacible el cumplimiento del resto de mi servicio militar. Ahora dirán lo que quieran, pero en aquellos tres meses y medio de campamento aprendí valores tan determinantes del carácter como son el espíritu de sacrificio, la disciplina y el sentido del deber. El respeto a los símbolos de la Patria y el amor por ella ya los llevaba aprendidos.
Como dije antes, he sido poco recomendado (ojo, recomendado, porque recomendable si que lo soy) pero dicho déficit lo he cubierto con creces ejerciendo de recomendante. Viviendo en Ceuta y habiendo tenido cargos no hay forma humana de escapar, máxime cuando el primer argumento que alegan los peticionarios de recomendaciones es el de que necesitan ser recomendados para así lograr que se restablezca el principio de igualdad, ya que, según aseguran, todos los demás aspirantes a lo que sea tendrán, sin la menor duda, la correspondiente recomendación (si no varias). Se trata de un argumento que deja pocas escapatorias al eventual recomendante.
Aparte del derecho a la igualdad exhibido por los peticionarios, todos se han aprendido otros dos derechos reconocidos en la Constitución y que invocan al pedir una recomendación: el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna. Podrán ignorar el resto del texto constitucional, pero lo del trabajo y la vivienda lo tienen bien aprendido. Da igual que no haya puestos de trabajo a cubrir ni viviendas disponibles: si la Constitución reconoce tales derechos, su aplicación tiene que ser inmediata. De ahí la confusión “pro domo sua” –nunca mejor dicho- entre lo ideal y lo posible.
Mis recomendaciones obtuvieron un resultado bastante limitado. No puedo presumir de ser un gran recomendante, estoy lejos de ello. Las más de las veces lo hice de palabra y muy pocas por escrito, éstas con un buen fundamento en el que apoyarme. Tampoco puedo presumir de atendedor de recomendaciones. Mis cargos políticos no han tenido casi nunca carácter ejecutivo. No sirvo para ello.
A pesar de mi licenciatura en Derecho y tras haber ejercido la abogacía durante sesenta años, lo que no sabía –intolerable ignorancia la mía- es que la recomendación está contagiada por un ominoso delito que, de haber funcionarios públicos o autoridades por medio, cometen, al parecer, tanto quien la atiende como el recomendado (y no sé si también el recomendante, posible inductor) sobre los cuales puede caer, inflexible, el abrumador peso de la ley,. De generalizarse esto, no habría en España fiscales ni jueces suficientes para tramitar una mínima parte de las diligencias que sería preciso abrir. Bastaría que un niño dijese en público que sacó buena nota porque su papá habló con el “profe” –funcionario- para que se incoaran las oportunas diligencias. Ya me olió a chamusquina aquel caso local sobre adjudicación de viviendas aún “sub iudice”, en el que resultaron investigadas dos buenas Consejeras del gobierno ceutí que, por ese motivo dimitieron.
Tratándose de un político de centro-derecha en auge a nivel nacional, da la impresión de que al no obtenerse el fruto apetecido tras revisar el expediente completo de su carrera, se le buscan las cosquillas en un master obtenido en el año 2009 sin más valor que el de ser un mérito a la hora de hacer un doctorado que Casado no cursó, de forma que haciendo equilibrios con la prescripción (que es de tres años) y en el momento más oportuno -o inoportuno, según se mire- se le da un bofetón sin manos que resuena –y seguirá resonando- en toda España y parte del extranjero.
Pienso que ni Pablo Casado ni las tres alumnas ahora investigadas pudieron obtener un trato favorable por sus bellas caras. Normalmente, alguien los recomendaría. Decir a estas alturas que Casado se benefició de su “relevancia política e institucional”, cuando en las fechas del famoso master solo era Presidente de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular de Madrid y precisamente hasta el verano del año 2009 Diputado en su Asamblea (llevaba en la lista del PP el número 67, el último de los que lograron escaño) equivale a otorgar a quienes le hicieron el supuesto “regalo” unas dotes proféticas ciertamente admirables.
En cualquier caso, el recomendante de aquel entonces sí podría haber tenido relevancia, no así el recomendado. ¿Por qué no se le busca? ¿Recomendar no es ya inducción? En fin, basta leer gran parte de la prensa o escuchar a comentaristas o tertulianos para comprobar las serias sospechas que ha levantado la elevación del caso al Tribunal Supremo precisamente cuando Casado ha sido elegido Presidente del PP. Si no se ha querido hacerlo así, mis excusas, pero no cabe duda de que, al menos en apariencia, eso están creyendo muchísimas personas.
¡Qué horror, posiblemente fue un “regalo”! ¡Delitos, miles de delitos no prescritos y de delincuentes sueltos! Por si acaso, aclaro que desde el año 2007 no ostento cargo público alguno.