Alrededor de 300 personas han participado este sábado por la tarde en
la IX Marcha por la Dignidad, que ha recorrido Ceuta
hasta el Tarajal en el octavo aniversario de la tragedia que dejó al menos 14 muertos junto al marítimo fronterizo del mismo nombre, para denunciar “la constante criminalización de las personas migrantes” y exigir “vías legales y seguras” y “un sistema de acogida que se digno y respete y garantice los Derechos Humanos”. La movilización,
que no pudo organizarse en 2021 debido a la pandemia y que ha sido respaldada por unas 200 organizaciones nacionales e internacionales,
ha partido a las 15.00 horas desde el Campus Universitario, donde esta mañana se ha celebrado un coloquio sobre la securitización de las fronteras y las “necropolíticas del norte global”, y ha terminado en la playa del Tarajal, donde se ha homenajeado a los al menos 14 migrantes, uno de ellos todavía sin identificar, que murieron aplastados o ahogados el 6 de febrero de 2014 durante un intento de entrada en grupo en Ceuta que fue repelido con material antidisturbios
por la Guardia Civil.
Los participantes en la convocatoria, en su mayoría activistas llegados de la península y un gran número de migrantes de origen subsahariano o magrebí, han coreado lemas contra la negativa de los países desarrollados a conceder visados; contra la Ley de Extranjería; y contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, así como consignas en favor de la concesión de “papeles para todas”. En la playa del Tarajal Ana Rosado ha leído el manifiesto de la cita, que ha recordado que “la vida no es vida si no es digna y segura” y culpó de la muerte de los 14 migrantes ahogados en 2014 a “un sistema político, económico y social que promociona políticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos para invisibilizarlas y negarles el derecho a la vida”.
“Los países enriquecidos y los mercenarios”, ha señalado, “se lucran del sufrimiento ajeno y de las muertes de miles de personas jugando con sus esperanzas y sueños en un círculo vicioso que incentiva la vulneración sistemática de los derechos de la infancia y su criminalización, la islamofobia, el racismo y el resurgimiento de los delitos de odio al amparo de la extrema derecha para crear división y fomentar el enfrentamiento entre las personas de a pie”. Los movilizados también han exigido “una solución a la irregularidad administrativa que expone potencialmente a todas las personas a un contexto de explotación”, el “cierre” de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y “políticas públicas con medidas concretas y presupuesto suficiente contra los discursos de odio, el racismo y la xenofobia” que sirvan “para que la riqueza de la diversidad y la inclusión se reconozcan como pilares fundamentales de una sociedad democrática”.