El letrado que ejerce la acusación particular en el
'caso Emvicesa' en nombre de cerca de una veintena de personas que aparecieron
en la 'lista fantasma' de las 317 VPO y nunca se hicieron con una de esas casas ha moderado este lunes su solicitud inicial de que reciban 10 millones de euros como indemnización civil por parte
de la Ciudad. El abogado Manuel Prado ha explicado que “mantiene” a la administración local como responsable civil directa, pero que “circunscribe” la posible obligación de resarcir a sus representados a los procesados en la causa que ostentaban funciones públicas hace casi diez años, es decir, Antonio López, los cinco empleados de Emvicesa procesados y los miembros de la Comisión Local de la
Vivienda sentados en el banquillo. Ha reclamado que todos ellos sean condenados a desembolsar 120.000 euros a cada uno de sus clientes, así como 12.000 por cabeza en concepto de “daño moral”.
La acusación particular se ha adherido a todas las modificaciones que ha hecho la Fiscalía en sus conclusiones definitivas con sensibles rebajas de sus peticiones iniciales de cárcel empezando por Antonio López, para quien comenzó solicitando 26 años de prisión que ha dejado finalmente en 13.
Han retirado por completo el delito de organización criminal
El Ministerio Público ha retirado por completo el delito de organización criminal y ha abierto la puerta con peticiones alternativas a librar a todos los acusados de casi cualquier posibilidad de ser privados de libertad salvo al exgerente de
Emvicesa y a los investigados por cohecho que no han reconocido los hechos. Estos últimos continúan enfrentándose a una reclamación de tres años de prisión, mientras que para Susana Román se ha propuesto en lugar de una condena de cárcel por falsedad documental otra de multa y suspensión para empleo y cargo público por falsedad imprudente. Buena parte de las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales de absolución o las han retocado levemente para que, por ejemplo, en caso de condena se apliquen a sus representantes atenuantes muy cualificadas como la de dilaciones indebidas, mientras que las de Antonio López ha solicitado tiempo hasta este martes para modificarlas una vez conocidas las variaciones introducidas por las acusaciones en las suyas.