El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad autónoma ha decidido no admitir la denuncia presentada por una abogada del Colegio de Málaga contra “los asaltantes de la valla fronteriza de Ceuta el 23 de julio” como presuntos “autores de atentados a agentes de la Autoridad con objetos peligrosos y lesiones con la circunstancia agravante de banda organizada”. El juez que se encontraba de guardia la jornada del salto dio la semana pasada cinco días a la denunciante para que corrigiese varios defectos de forma detectados en su iniciativa, algo que no ha hecho, por lo que la misma ha quedado en vía muerta. En consecuencia, lo mismo ha ocurrido con la solicitud de adherirse a la misma formulada por la asociación Independientes de la
Guardia Civil (IGC), según informaron ayer a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La denuncia, que tendría que haber sido querella con poder y procurador, se registró el 29 de julio en nombre de “quienes estamos legitimados para ello, la ciudadanía española”, y ensalzaba a los guardias que intentaron repeler “un ataque masivo de enorme violencia sin más instrumentos que los cicateramente determinados por el Estado, sus propios cuerpos como escudo y su valor y su honor como principal divisa”. La autora reclamaba que contra los migrantes “más violentos” se dictase orden de prisión incondicional y sin fianza. Desde su punto de vista, los asaltantes “conocían perfectamente el escaso número de efectivos a quienes iban a atacar”, así como “la escasez material de medios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” y “la prohibición de defender la frontera con material antidisturbios o incluso fuego real, como en otros países”.
La adhesión de una asociación de la Guardia Civil también ha decaído
“Sabían”, añadía, “de la imposibilidad de los guardias para repeler un ataque masivo de enorme violencia sin más instrumentos que los cicateramente determinados por el Estado y sus propios cuerpos como escudo, su valor y su honor como principal divisa y su resignada resistencia y el cumplimiento de su deber hasta extremos agónicos contra unos atacantes que les superaban ampliamente en número”. Además de supuestos delitos de atentado con pena superior por la utilización de “objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables” percibía otros de lesiones con gravedad por determinar y de desordenes públicos. “La alarma social grave generada por la violencia del asalto y las imágenes de guardias heridos o quemados con cal viva ha provocado una indignación sin precedentes, sentimiento que compartimos quienes formulamos esta denuncia y que esperamos ver reflejado en la incoación de unas Diligencias Previas y una minuciosa instrucción con la relevante participación del Ministerio Fiscal”, colegía. Además, señalaba a “las oenegés que defienden la inmigración ilegal” para asumir una hipotética responsabilidad civil subsidiaria o el pago de indemnizaciones. Aunque la denuncia no ha sido admitida para ejercer la acusación popular, el salto, que se saldó por parte de Cruz Roja con 22 guardias civiles y 132 migrantes que recibieron asistencia sanitaria, sigue en vía judicial. Veinte indocumentados y diez agentes fueron trasladados al Hospital, donde únicamente 5 extranjeros tuvieron que ser ingresados. Ninguno de los agentes de la Benemérita solicitó la baja médica. El Instituto Armado remitió el 31 de julio al Juzgado su atestado sobre la entrada en grupo en la ciudad autónoma a través del perímetro fronterizo de 602 migrantes indocumentados nacionales de Guinea Conakry (sobre todo), Gambia, Congo, Chad y Camerún. La diligencia recogió las identidades de todos ellos en base a la respuesta que el CETI dio al oficio que le trasladó para conocerlas y las de los 18 funcionarios que resultaron heridos. En el mismo atestado se daba cuenta de que se estaban revisando las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del perímetro fronterizo para intentar identificar a los migrantes que protagonizaron los hechos “violentos” denunciados contra los agentes de la Autoridad. El juez instructor está esperando el resultado de esa investigación para darle traslado a la Fiscalía y que esta se pronuncie sobre si interesa la continuación de las actuaciones o, en caso contrario, su archivo, por el que presumiblemente se decantará si no hay individuos concretos a los que acusar.