Estamos viviendo momentos especialmente trascedentes para el futuro inmediato de nuestra Ciudad. Pero no lo parece. Imbuidos de una identitaria indiferencia aprendida, transitamos por cualquier coyuntura como resignados espectadores siempre confiados en una imaginaria capacidad de readaptación. No es una actitud elegida voluntariamente, sino la consecuencia de la decadencia moral y de la irrelevancia política, que se ha ido adueñando de nuestro cuerpo social de manera lenta y sibilina, pero inexorable. Hace algunos meses que empezamos a sospechar de que Marruecos ha decidió “mover pieza” en su eterno contencioso soberanista sobre Ceuta y Melilla. El cierre de la aduana comercial de Melilla, avalado por el silencio cómplice del Gobierno de España, era una señal demasiado evidente. Pero no la única. Más recientemente hemos sabido que han comenzado a elaborar un estudio sobre el “impacto del contrabando” en las economía de las zonas colindantes con ambas ciudades españolas. La pretensión última es poner en marcha un plan para “cerrar” definitivamente sus fronteras con Ceuta y Melilla al tráfico de mercancías, con el menor coste posible en términos económicos y, sobre todo, sociales. A todo ello tenemos que añadir otra constatación. Marruecos ha decidido tomar el mando único y exclusivo en la gestión del espacio fronterizo (con el consentimiento español). Ya hemos entendido que no merece la pena insistir en nuestras reivindicaciones (“una frontera fluida y segura”). No tiene caso porque nadie (ninguna institución del Estado) nos quiere oír. Sólo nos queda “adaptarnos” con paciencia infinita a las condiciones que en cada momento vaya imponiendo la voluntad (siempre soberana, a veces caprichosa y eventualmente arbitraria) de Marruecos. Nada de lo que está sucediendo era imprevisible. Todos los estudios y diagnósticos efectuados al respecto, coincidían en que la singular relación económica que mantenían Ceuta y Melilla con Marruecos era insostenible en el tiempo. No se puede pretender consolidar de manera definitiva un modelo fundamentado en el sistemático quebrantamiento de las normas. Tampoco parece razonable pedirle a un país soberano que renuncie a la defensa de sus intereses. Sin embargo lo que sí se puede considerar una sorpresa, es la repentina aceleración que ha experimentado este temido proceso (lo que se preveía para diez o quince años vista, está sucediendo ahora). Tres causas han influido en ello de manera decisiva. Una. De carácter estrictamente económico. El plan de desarrollo del norte de Marruecos (con una fortísima inversión nacional e internacional) ha ido generando un potente e influyente tejido empresarial que, divisando un horizonte próximo con claros síntomas de estancamiento, exige la adopción de medidas inmediatas para evitar que fenómenos como el “contrabando consentido” puedan lastrar sus expectativas de negocio. Dos. El ambiente político en Marruecos está inquietantemente tenso. Protestas, movilizaciones y reivindicaciones de diferente índole y calado están obligando al régimen a tomar decisiones que visualicen el control de la situación y la existencia de planes de futuro (ahí entramos nosotros). Tres. El régimen de Marruecos percibe debilidad en el Estado español, provocada, sobre todo por el permanente y pegajoso conflicto catalán que absorbe gran parte de las energías de nuestro país y minimiza el resto de problemas. Lo cierto es que Marruecos ha decretado el “ahora”. Y como de costumbre, a Ceuta nos ha pillado con el paso cambiado. Lo más lógico es que sin más dilación, y una vez digerido el sobresalto, estuviéramos (todos) afanados en analizar minuciosamente el nuevo escenario que está cristalizando vertiginosamente, para intentar definir una estrategia que, siendo realista, nos permitiera aprovechar al máximo nuestras potencialidades asumiendo los cambios presentes y previendo su evolución futura para atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas o perversas (económicas, sociales y las relativas a nuestra dignidad como sujeto político). Habría que pensar un plan. O dicho de otra manera, deberíamos estar “recalculando ruta”. A marchas forzadas. Es un reto de enormes proporciones; porque incluye una reconsideración del marco institucional, una revisión del modelo económico (determinando y dimensionando los sectores productivos); una redefinición de los mecanismos constitucionales de solidaridad interterritorial aplicables a la nueva realidad; y una actualización del mapa normativo. Sin embargo, en el espacio público de opinión, no se atisba ni una mínima brizna de interés sobre esta cuestión. Entre la (prematura) campaña electoral de Vivas; el linchamiento de los menores extranjeros no acompañados; el concurso de exhibición de banderas y la apertura de un nuevo supermercado; consumimos todo cuanto somos. Quizá es que no damos más de sí.