La Ciudad Autónoma de Ceuta prevé retocar el importe asignado en su proyecto de Presupuestos para 2023 para el sostenimiento de las
Brigadas Verdes a través de un convenio con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (
FPAV), que se reducirá a alrededor de 3 millones, lejos de los 4,6 que se habían estimado
para que pasasen a depender de Tragsa, pero también de los 3,5 que ha venido recibiendo la entidad durante los últimos años a pesar de la reducción del número de trabajadores del programa.
La plantilla de las Brigadas Verdes rechazó el pasado 30 de noviembre integrarse en la empresa pública en referéndum. Un total de 120 de los 134 asalariados votó y 66 lo hicieron en contra y 53 a favor, lo que frustró el cambio de modelo de gestión que había reclamado implementar el PSOE para dar “estabilidad” al personal habida cuenta de los reiterados problemas que a ojos de la Intervención ha tenido la FPAV para justificar sus cuentas durante los últimos años.
El
Comité de Empresa quedó deslegitimado con esa votación para firmar la adhesión de los trabajadores al Convenio de Jardinería estatal, con el que hubiesen conservado e incluso mejorado sus condiciones laborales y salariales a costa de que la Ciudad aportase 1,1 millones de euros más al año al proyecto.
Dicha rúbrica era condición imprescindible para facilitar la subrogación de los trabajadores.
El convenio con la FPAV ha seguido creciendo pese a que la plantilla ha caído desde 154 trabajadores
En este nuevo contexto la administración ha decidido revisar las cantidades que ha venido pagando a la FPAV durante los últimos años (3,5 millones este ejercicio) y ha llegado a la conclusión, según las fuentes consultadas, de que los costes salariales que hay que soportar no pasan de 3 millones al año, por lo que esa será la cantidad con que se dote el correspondiente convenio.
En 2016 la relación de trabajadores dependientes de las Brigadas Verdes todavía ascendía a 154 empleados y la FPAV recibió 3,4 millones para su sostenimiento. Pese a caer a 147 en 2021, el importe del convenio se incrementó hasta 3,5 millones a pesar de que la Ciudad ya había vetado explícitamente a la Federación tanto incorporar más empleados como subir sus retribuciones “excepto las que correspondan por la antigüedad del personal y otras de análoga consideración”.
Según el último censo de trabajadores activos estos ya solamente se elevan a 134, pero el montante de la transferencia a la FPAV ha seguido en 2022 en 3,5 millones, cuantía que se revisará para ajustarla al montante real de los costes salariales de la plantilla a la espera de la justificación que de los ingresos percibidos este año haga la Federación.