La Vicepresidencia Primera del
Gobierno de Ceuta quiere conjugar con la Administración General del Estado los verbos “evitar, reagrupar, repartir y compensar” en materia de menores extranjeros no acompañados (
MENA) en nuestra ciudad. La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales ha remitido a todos los grupos de la oposición para intentar consensuarlo un documento de trabajo en el que aboga, en primer lugar, por “dotar al puesto
fronterizo del Tarajal de mecanismos y recursos eficaces que impidan la entrada ilegal de adultos y menores procedentes de otros países a fin de que el control se efectúe en este punto y no en la zona del Puerto”.
A partir de ahí, el departamento que dirige Mabel Deu ve básico “hacer efectivo el Acuerdo Marco con el Reino de Marruecos” sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, rubricado en Rabat el 6 de marzo de 2007, que prescribe un plazo de un mes desde la fecha de la entrada ilegal del niño a adolescente en territorio español para remitir al país vecino “toda la información pertinente”.
Actualmente y desde el pasado mes de febrero se ha remitido a la Delegación del Gobierno la reseña de 261 menores extranjeros no acompañados que han sido identificados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al objeto de dar cumplimiento al mencionado Acuerdo “sin que se haya obtenido ningún avance o noticia relativo a la reagrupación de los menores afectos”.
El Ejecutivo local considera que si no es posible “que se pongan los medios necesarios para que no lleguen a Ceuta menores extranjeros no acompañados” o para que los que lleguen de manera irregular “sean retornados al amparo de los convenios al respecto suscritos con el vecino país, y con la finalidad de favorecer su reagrupamiento familiar”, es preciso “que, tratándose de un asunto de inmigración, sea la Administración General del Estado quien se haga cargo del mismo”.
Esa reivindicación persigue precisamente que sea el Gobierno central el que se haga cargo de declinar tanto el evitar como el reagrupar o, en el último término, el “garantizar que el número máximo de menores no acompañados con estancia en Ceuta” esté “determinado por la capacidad de acogida de los recursos disponibles”.
La Ciudad Autónoma también aspira a que el Estado, en último término, “compense económicamente a la Administración autonómica de manera justa y suficiente por la carga extraordinaria que se está soportando”.
Esfuerzo desde marzo
Según los cálculos del Gobierno de Ceuta, solo desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, hasta finales de agosto la Ciudad ha desembolsado casi 2,3 millones de euros para sostener como albergue temporal el polideportivo ‘Santa Amelia’ (casi 390.000 euros entre marzo y junio) y la inversión, alquiler y mantenimiento de Piniers (cerca de 1,9 millones).
En los dos últimos meses han seguido llegando a Ceuta “de forma irregular”, de acuerdo con las cifras de la Ciudad, personas procedentes de Marruecos, entre ellos 30 menores, “que pertenecen a una población especialmente vulnerable y suponen un riesgo para la aparición de brotes por casos importados”.
“Por ello, y para poder cumplir con el protocolo marcado por la Secretaria de Estado de Migraciones, se ha determinado la necesidad de acondicionar un nuevo recurso, el antiguo Hospital de la Cruz Roja, que contempla el establecimiento de cuarentenas obligatorias y la realización de pruebas de detección rápida de la COVID-19 y diagnosis a través de PCR, a la llegada de esta población”.
Para el Ejecutivo local está claro que “la dimensión del problema de estos menores que emigran a nuestro país excede del campo de nuestras propias fronteras y necesita de la colaboración, coordinación y cooperación, tanto a nivel nacional, como en el seno de la Unión Europea, que dispone de una competencia compartida para desarrollar una política común de inmigración”.
La presión de niños solos, sin freno y continua
En la actualidad “todos los dispositivos puestos en marcha” por el Gobierno de la Ciudad para atender a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Ceuta “se encuentran sobreocupados”. “Dicha sobreocupación”, advierte la Administración autonómica, “no sólo se mantiene en el tiempo, sino que aumenta cada día, especialmente en el Centro de Realojo Temporal para Colectivos Vulnerables de ‘La Esperanza’, haciendo el acogimiento residencial una tarea imposible”. Además, esta saturación “imposibilita una atención adecuada a los menores, daña gravemente la convivencia entre ellos y da problemas de seguridad, tanto para estos como para los profesionales, que se encuentran desbordados”. Desde octubre de 2019 se ha detectado un aumento en la llegada ilegal de niños y adolescentes migrantes solos a la ciudad. Actualmente, a pesar del cierre de la frontera del Tarajal desde mediados de marzo, continúan entrando, “agravándose más la situación en los centros de acogida, en estos momentos tan delicados que estamos viviendo con las medidas sanitarias impuestas por la enfermedad del coronavirus”.
Un proyecto de nuevo centro en la carretera de García Aldave a Benzú
El documento elaborado por la Vicepresidencia Primera de la Ciudad explica que actualmente la Administración autonómica maneja “un proyecto para la construcción de un nuevo centro en una parcela municipal, ubicada en la carretera de García Aldave a Benzú, integrado por varios edificios y módulos de habitaciones, con capacidad para unos 220 menores varones”. El mismo incluye una zona para acoger a 24 niñas. En estos últimos años la cifra media de féminas menores extranjeras no acompañadas acogidas, ha estado en torno a 28, siendo en la actualidad esa misma cifra. Constaría de “todos los servicios necesarios incluida una zona de deporte y ocio” y la duración aproximada de las obras se calcula “de un año”. Su presupuesto ronda los 7 millones de euros “sin costes de equipamiento”.